El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira prepara un ajuste estructural al gasto estatal con énfasis en las empresas públicas y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que será liquidada tras 18 años de funcionamiento.
Gabriel Espinoza, ministro de Economía, informó que estos sectores concentrarán los primeros recortes dentro del plan oficial para reducir el gasto público en 30% hasta febrero de 2026.
Espinoza solicitó a la Asamblea Legislativa la devolución del Presupuesto General del Estado (PGE) para incluir una cláusula que le permita modificar su contenido hasta febrero próximo, en el marco del rediseño económico. Explicó que los ministerios deberán realizar evaluaciones rápidas pero rigurosas sobre la situación de las empresas públicas, especialmente aquellas que no generan ingresos operativos o cuyos resultados están por debajo de lo esperado.
“Todo esto se va a tomar en cuenta y el presupuesto destinado a las empresas públicas será uno de los primeros recortados”, afirmó la autoridad este miércoles, en contacto con Unitel.
Empresas
Actualmente, hay más de 30 empresas estatales en diferentes áreas y dependientes de los diferentes ministerios de Estado. Espinoza recordó que algunas de ellas, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Boliviana de Aviación (BoA), ya están siendo auditadas.
Otro de los ajustes más relevantes es la eliminación de la UPRE, entidad que desde el Ministerio de la Presidencia ejecutaba obras en regiones del país, por lo que fue calificada como una “gran alcaldía”.
En criterio de Espinoza, esa instancia únicamente se utilizaba para pagar favores políticos, por lo que ya se trabaja en su liquidación.
El plan también contempla recortes en subsidios dirigidos a ciertos “productores” que, según Espinoza, no estaban llegando a su destino real y más bien eran usados para financiar actividad política.
Para corregir esas distorsiones, el Gobierno realizará una revisión completa de las líneas presupuestarias antes de anunciar, desde enero, las reducciones específicas.
La administración de Paz Pereira considera que estos ajustes son indispensables para ordenar las finanzas públicas, eliminar gastos improductivos y encaminar un nuevo modelo de eficiencia estatal.
