Gracias al COVID-19, el 2020 fue el año de los abrazos perdidos y se “inventaron” modos de sustituirlos. Una foto periodística retrababa a mujeres humildes con polleras y barbijos. Sus manos alcanzaban levemente rozar los uniformes policiales al momento de entregarles wiphalas. Ambos lanzaban palomas blancas hacia el cielo en señal de reconciliación. Este acto aconteció hace poco en la zona Sur de Cochabamba (lugar de la represión policial y quema de instalaciones policiales en el golpe de Estado), organizado por el Ministerio de Gobierno.
Con la restitución de la democracia, en el espectro político resurgió la idea de la reconciliación. Ocurrió muchas veces en la historia. Cuando los opresores se sienten vencedores, sobre todo, posmasacre, por temor a que la indignación de los oprimidos se convierta en una furia insaciable de justicia, claman por la paz. Cuando los opresores son derrotados, en un instinto de sobrevivencia claman reconciliación, no en un acto de sinceridad, sino, todo lo contrario, es el último martillazo de impunidad sobre los ataúdes de las víctimas de las atroces masacres.
Bolivia vivió una época donde el odio no solo político, sino racial, se apoderó de los bolivianos. Un odio que se encarnó en el gobierno de Jeanine Áñez, un gobierno inmisericorde que masacró a los más humildes, persiguió con saña, encarceló injustamente a sus rivales políticos, incluso a mujeres embarazadas. No olvidemos, ese gobierno fue resultado de una cruzada conspirativa. Una de sus estocadas letales fue el motín policial. Entonces, hay una larga agenda de temas que ameritan ser investigados, no con el afán de venganza, relato urdido hoy por los golpistas y sus colaboradores —mediáticos e intelectuales—, sino de buscar justicia.
La democracia boliviana necesita repararse. El esclarecimiento de esta cadena de hechos luctuosos (golpe de Estado y masacres) que rodearon al gobierno de Áñez es un mandato popular. Policías, militares, jueces, fiscales e inclusive periodistas e intelectuales fueron parte de ese entramado perverso al servicio del régimen de terror e hicieron posible el infierno.
Los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que intervinieron en el golpe de Estado, las masacres y la persecución política necesitan ser sometidos a la rigurosidad de la ley. Se amerita dejar un precedente para que en un futuro nadie se anime a ninguna aventura golpista o, por lo menos, sepan, tarde o temprano, que serán juzgados.
Obviamente, los bolivianos necesitamos vivir en paz. Venimos de experimentar un régimen de terror: calles militarizadas, surgimiento de grupos parapoliciales atormentando y amedrentando cobardemente a los más pobres. Pero, eso no significa impunidad. Junto al motín policial, la investigación sobre estos grupos parapoliciales y la posible protección y quizás el asesoramiento de (algunos) policías son respuestas que espera la sociedad de la institución policial.
Los tantos muertos (sus huérfanos y sus viudas), cuantiosísimos perseguidos y muchísimos presos políticos del gobierno de Áñez nos han enseñado que solo la justicia es el sendero de la reconciliación. Como dice Corazón Aquino: “La reconciliación debe ir acompañada de justicia, de lo contrario no durará. Todos esperamos la paz, no debe ser la paz a cualquier precio, sino la paz basada en los principios, en la justicia”. Entonces, para que todo un año de tragedia y dolor no haya servido de nada, necesitamos justicia por los muertos y por los vivos.
Yuri Tórrez es sociólogo.
