Ante las observaciones de médicos y sectores políticos por los contratos de confidencialidad suscritos por el Gobierno para la compra de vacunas contra el coronavirus, el vocero presidencial, Jorge Richter, reiteró este jueves nuevamente que esta exigencia es de las farmacéuticas y no del Estado boliviano y que los documentos podrán ser conocidos en tres años.
Añadió que esta exigencia se debe al celo que existe entre las farmacéuticas por la tecnología que usan para el desarrollo de sus vacunas. Pzifer/BioNtech, por ejemplo, utiliza nanotecnología (ARN mensajero) mientras que la rusa Gamaleya (Sputnik V) y la británica AstraZenaca/Oxford apostaron para sus vacunas por virus atenuados o inactivos.
“Todos ellos siempre te solicitan cláusulas de confidencialidad que tiene que ver más allá del precio. No son vacunas iguales, se desarrollan sobre distintas plataformas. La plataforma de Pfizer es en base a una tecnología nano, la tecnología Sputnik es convencional. Este criterio es fundamentalmente lo que protegen”, puntualizó.
También reveló que los contratos, tanto los firmados con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia (Sputnik V) como con el Instituto Serum de la India, que produce la vacuna de AstraZeneca/Oxford, ya se encuentran en la Contraloría General del Estado (CGE) y que todos sus detalles podrán ser conocidos luego de tres años.
Mencionó que Chile, Argentina, Colombia y México, entre otros países, también firmaron contratos de confidencialidad con sus proveedores de vacunas.
COMPETITIVIDAD. El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró el 15 de enero, ante el pedido de transparencia de los contratos, que si se incumple con esa confidencialidad no habrá vacunas. “Más allá de si nos gustan o no nos gustan esas son las condiciones —porque las empresas no están obligadas a venderle vacunas a ningún país—, si esa confidencialidad se rompe, la consecuencia es la pérdida misma de la entrega de las vacunas”, puntualizó Duque.
Asimismo, en respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: «Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos».
El Vocero Presidencial también fue enfático al señalar que la confidencialidad se aplica sólo a la compra de vacunas y no a la adquisición de insumos médicos.
El Artículo 4 del Decreto Supremo 4432 señala que “los contratos suscritos por la CEASS (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud) para la adquisición de vacunas para la COVID-19, podrán a requerimiento del proveedor tener carácter confidencial por un periodo de tres (3) años computables a partir de su suscripción”. (11/02/2021)
