Con el sobreseimiento de los exvocales en cuatro departamentos del país, se va extinguiendo la denuncia penal por supuesto “fraude” electoral, entre otros delitos. Transcurridos catorce meses desde el aparatoso inicio del proceso, con la detención y encarcelamiento de las exautoridades, los fiscales no encontraron elementos de prueba ni fundamentos para sostener la acusación.
En noviembre de 2019, tres semanas después de las elecciones generales de ese año, a la postre declaradas “sin efecto legal”, la Fiscalía General instruyó la investigación y enjuiciamiento penal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los nueve tribunales electorales departamentales. En operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía, las exautoridades fueron detenidas, exhibidas con esposas y luego enviadas a diferentes cárceles del país. Parecía una cacería con presunción de culpabilidad.
En medio de la crisis políticoinstitucional acentuada con el derrocamiento del expresidente Morales y la veloz conformación de un gobierno provisorio, se inició y desarrolló la investigación fiscal contra los denunciados por supuestos “delitos electorales, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración de datos” vinculados a los comicios que administraron. Fue definitorio para el efecto el informe preliminar difundido de manera prematura por la OEA de Almagro.
Mientras avanzaba el proceso penal, con más ruido que información, un acuerdo in extremis acompañado por la comunidad internacional dejó sin efecto las elecciones 2019, estableció una nueva convocatoria y permitió la designación de nuevos vocales en todo el organismo electoral. La OEA emitió su informe final del análisis de integridad electoral, ratificando su hipótesis de “acciones dolosas” con centro en el sistema TREP. Varios estudios posteriores demostraron inconsistencias en los “hallazgos” de la OEA.
Así, en medio del debate entre “narrativas” irreconciliables y la disputa electoral que concluyó con una nueva victoria del MAS-IPSP, esta vez con mayoría absoluta de votos, el proceso penal contra los exvocales prosiguió sin resultados. Ni las presiones de la Procuraduría ni las amenazas desde el Ministerio de Gobierno del régimen de Áñez lograron alterar la “insuficiencia de elementos probatorios para sustentar la acusación” de fraude electoral. Hoy esa insuficiencia se traduce en sobreseimiento.
A la fecha, las acusaciones quedaron sin efecto en los tribunales de La Paz, Santa Cruz, Beni y Tarija. Es probable que ocurra lo mismo en los otros departamentos. Queda la interrogante respecto al proceso contra los exvocales del TSE, al menos en cuanto a su responsabilidad por el desatino monumental de suspender el TREP, que como se demostró no tiene carácter vinculante. Lo cierto es que casi 15 meses después, tiempo de amnistía, la Fiscalía no encuentra fundamento para sostener el juicio por “fraude”.
