Armin Lluta, uno de los que se atribuye la dirigencia de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), advirtió este lunes que en el marco de la ley 073, de Deslinde Jurisdiccional, formará un tribunal de justicia indígena originaria y desconocerá la Resolución Constitucional que manda a la Policía tomar los predios del mercado de la coca en Villa Fátima y entregarlos al grupo que está presidido por Elena Flores, militante del Movimiento al Socialismo (MAS).
“La Ley 073 establece que como campesinos podemos defender la propiedad de nuestras tierras en el marco de usos y costumbres porque la justicia ordinaria no se está basando en argumentos fundamentados. Vamos a denunciar internacionalmente la vulneración de los derechos campesinos en Bolivia”, afirmó durante una movilización, en la que también advirtió con bloqueo de caminos desde el jueves, en el norte de La Paz.
La Sala Constitucional Cuarta de La Paz mandó a la Policía tomar los predios de la Adepcoca y entregarlos al grupo afín al MAS. A partir de ese día, nuevamente hubo tensión y enfrentamientos entre los grupos de cocaleros de Yungas enfrentados por el control del mercado legal de coca.
La directiva presidida por Lluta tomó posesión el 14 de diciembre y un ampliado del grupo que lo respalda determinó desconocer el fallo de la Justicia ordinaria para enmarcarse en la ley de Deslinde Jurisdiccional.
“Estamos en movilización permanente porque nuevamente hemos recibido el atropello de la Justicia que ahora, claramente, tiene un color político. La Justicia no puede decidir quién será nuestro dirigente, eso lo deciden las bases”, protestó Lluta.
