Fue un grave error del anterior gobierno suponer que la gestión de una operación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podía realizar sin un amplio debate público y sin un mínimo consenso político previo. Ese traspié debería, al menos, dejarnos la enseñanza de que es necesaria una discusión transparente y oportuna sobre las opciones de financiamiento externo disponibles para el país.
En abril de 2020, el gobierno de Jeanine Áñez gestionó un financiamiento de $us 346,7 millones del FMI, en el marco de la aplicación de un Instrumento de Financiamiento Rápido que esa entidad habilitó en medio de la crisis provocada por la pandemia.
El trámite de esta operación fue controversial y opaco desde sus inicios. El MAS, entonces en la oposición, aunque con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, manifestó sus observaciones y la rechazó argumentando que incluía disposiciones contrarias al marco constitucional y que no había seguido la vía regular para su aprobación. También se criticó la manera poco transparente en que habría sido presentada a los legisladores. No está demás decir que dada la historia del FMI en Bolivia y en la región, era bastante ingenuo, sino totalmente imprudente, pensar que tal decisión iba a pasar sin discusión o conflicto.
Lo cierto es que nunca quedaron claras, para la opinión pública, la naturaleza y condiciones de tal préstamo, ni, menos aún, cuál era el procedimiento que se debía utilizar para que sea asumido como un compromiso de Estado. Las autoridades del gobierno transitorio afirmaban que no estaba asociado a ningún condicionamiento y que no precisaba de autorización parlamentaria, como suele ser la norma en contratos de este tipo. Pero, sus explicaciones fueron imprecisas.
Como muchas situaciones que sucedieron el año pasado, la cuestión terminó por empantanarse por el conflicto político y la notable inestabilidad y desorden del propio gobierno. Lo que quedó fue una sensación de opacidad que profundizó la deslegitimación política de la medida. Su desenlace bastante previsible, después del triunfo del MAS en las elecciones, ha sido la devolución de esos recursos con costos para el país.
Seguramente la controversia sobre este préstamo continuará, pero el episodio nos está ya dejando, al menos, un par de enseñanzas valiosas. En primer lugar, la necesidad de clarificar y transparentar, desde el Gobierno, el panorama y las necesidades reales que tiene el país de financiamientos externos, las opciones disponibles para su resolución y sus costos e implicaciones. Y finalmente, el carácter ineludiblemente político que tendrán siempre esas decisiones. Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas, se precisa igualmente de un sólido manejo político y comunicacional para que sean viables.
