La Defensoría del Pueblo realizó este lunes una nueva visita a 56 centros de salud públicos y de la seguridad social de primer, segundo y tercer nivel del país y verificó en 80% la normalidad en los servicios y atención a pacientes.
“En una segunda verificación que realizó la institución, a través de sus oficinas en todo el país, evidenció que de los 56 centros a los que se ingresó, 45 no acataron el paro decretado la semana pasada por el Consejo Nacional de Salud, lo cual saludamos y destacamos el compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo”, manifestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
De acuerdo con el reporte, de los 56 centros de salud verificados, uno (Caja Nacional de Salud regional Potosí), que representa el 2%, acató la medida de presión de forma parcial y otros 10 que son el 18%, lo hicieron en su totalidad, en los que funcionan los servicios de emergencias y se cumple con la atención a pacientes con COVID-19.
Los médicos de la seguridad social y del sector público iniciaron el viernes un paro que concluirá el domingo 28 en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria, pese a que a través del Colegio Médico de Bolivia lo avalaron con la firma de un acuerdo que ahora desconocen.
De los 10 nosocomios que acataron el paro (Hospital Oruro Corea, Hospital Walter Kholn y Hospital Obrero N° 4 en Oruro; Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés en Chuquisaca; Hospital Regional San Juan de Dios y Hospital Obrero 7 de la CNS en Tarija; Caja Nacional de Salud en Beni; Hospital Jaime Mendoza de Uncía; Hospital de Segundo Nivel Rubén Zelaya en Yacuiba; y Centro de Salud Integral Príncipe de Paz en Puerto Quijarro), cuatro son dependientes de la Caja Nacional de Salud y seis del sistema público de salud.
La Defensora reiteró su llamado a la Autoridad de Supervisión de Seguro Social a Corto Plazo (ASSUS) para que supervise, controle, fiscalice e inspeccione los centros de salud que acataron parcial y totalmente el paro convocado por el CONASA. También demandó a las autoridades departamentales y municipales adoptar medidas de control para garantizar la continuidad de los servicios en los hospitales públicos donde paralizaron la atención a pacientes.
