Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.
Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.
Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.
De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.
Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.
Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.
