Juristas de Bolivia y España trabajan conjuntamente desde hoy en la ciudad boliviana de Sucre, dentro de unas jornadas que tienen como objetivo la creación de un árbol de jurisprudencia para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país andino.
Este foro, que durará toda la semana, está impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dentro del programa de la Unión Europea para el fortalecimiento del sistema judicial boliviano, destacó este lunes el presidente del TSJ de Bolivia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.
La letrada del Consejo General del Poder Judicial de España Edurne Uranga abrió el encuentro con una conferencia y durante los próximos días compartirá sus experiencias con magistrados, jueces y otros agentes judiciales bolivianos, informó la AECID en un comunicado remitido a Efe.
Uranga destacó que la creación de un árbol jurisprudencial en Bolivia pretende potenciar «la transparencia y el servicio público», sin olvidar la extensión del conocimiento de la jurisprudencia «a todos los jueces y a la ciudadanía».
Citó como objetivos de este programa pionero el tratamiento homogéneo de las resoluciones judiciales, por medio de su análisis documental; la facilitación del conocimiento de la jurisprudencia en el marco de la Constitución y las leyes bolivianas, y la promoción del acceso a la información judicial con una misión «de servicio público».
«Nos proponemos dar los pasos necesarios para la creación de una unidad de jurisprudencia en Bolivia, cuya principal meta es ofrecer la documentación jurídica permanentemente actualizada», aseguró la magistrada.
Al frente de este programa de la UE para el fortalecimiento de la independencia del sistema judicial boliviano se encuentra la jurista de la Audiencia Nacional de España Ana Esther Sánchez, quien destacó que se trata de «un programa de gran importancia por el momento puntual en el desarrollo histórico de Bolivia en el que se está realizando».
Sánchez citó el nuevo cambio constitucional y el establecimiento de un sistema judicial «con unos parámetros totalmente diferentes a los anteriores».
Se trata, añadió, de cumplir las normas y estándares internacionales de derechos humanos, transparencia de las instituciones, acceso de la población a la justicia e independencia judicial, siempre en el marco de la nueva Constitución promulgada en 2009.
También recordó que «la cooperación en el ámbito de la justicia es fundamental», pues incide en el ámbito de la seguridad jurídica y económica».
El programa, de 18 meses de duración, cuenta con un aporte de 450.000 euros por parte de la Unión Europea y sus destinatarios directos son los juristas del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y la Escuela de Jueces.
