La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que detrás de la Ley de Seguro de Vida para trabajadores de medios de comunicación se revela la existencia de “fines políticos” contrarios a la libre empresa y orientados a una “intervención estatal”.
Mediante un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la ANP, Juan León, señaló consultado por la agencia ANF que el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisbert, anticipó un control gubernamental para conocer los “ingresos reales” de los medios de comunicación, por lo que lamentó que la norma tenga “finalidades políticas totalmente ajenas al seguro de vida”.
La ley “atenta contra el derecho constitucional de libre empresa y abre camino a la intervención estatal en los medios”, explicó León tras comentar la versión de Quisbert difundida por una emisora gubernamental el miércoles 27 de marzo.
Aclaró que la ANP es ajena a un recurso de inconstitucionalidad de la ley, interpuesta por el diputado Carlos Subirana, el 8 de febrero, y ratificó la posición institucional de respeto a las leyes.
“La ANP considera que los señores miembros del Tribunal tienen suficiente capacidad profesional y principios éticos para analizar si procede o no dicho recurso. La ANP confía en la sabiduría y responsabilidad de los miembros de ese Tribunal”, expresó León.
El Gobierno promulgó la Ley 315 de Seguro Privado de Vida e Invalidez para los Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa el 10 de diciembre de 2012. Según informes extraoficiales, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, presentó la reglamentación de la norma ante el Consejo Nacional de Política Económica Social (Conapes), pero la misma fue observada.
