Por más de cuatro horas, el fiscal Marcelo Soza declaró ayer en la Fiscalía de La Paz, que lo investiga por uso indebido de influencias. Allí negó que sea su voz la que se escucha en el audio que se le atribuye y que se indaga por denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzales (CN).
“Esa voz es un montaje, lógicamente, eso es lo que siempre he sostenido y la única finalidad que ha tenido la senadora Carmen Eva Gonzales es la de perjudicar la investigación y que este juicio (del caso Terrorismo) no se lleve a cabo”, aseguró Soza, tras comparecer ante su colega Genaro Quenta.
El fiscal, que llevó a juicio el caso Terrorismo o Rózsa, que se refiere a la desarticulación de un grupo separatista en Santa Cruz el 16 de abril de 2009, reapareció ayer después de 17 días de no presentarse en público y denunció que la investigación que se lleva adelante se basa en una “prueba” ilegal, lo que va en contra de la Constitución Política del Estado. “Estoy aquí para defenderme de algo ilegal”, aseveró.
Soza aseguró que desde el inicio del proceso del caso Terrorismo fue objeto de amenazas, calumnias y difamaciones. Además manifestó que, por ese juicio, tuvo que enfrentarse a “todo un esquema, un grupo de poder en Santa Cruz que ha tratado de dividir el país”.
Las últimas amenazas contra él y su familia llegaron a su celular luego de que la senadora Gonzales difundiera una grabación que le atribuye a él, en la que se vincula a ex y actuales autoridades del Ejecutivo con los casos Terrorismo y Extorsión; y unas fotografías en las que aparece con acusados de formar una red de extorsión.
Alegando esas advertencias, Soza renunció a su cargo de fiscal y al puesto de director funcional de la investigación del caso Terrorismo, el 19 de marzo; pero la Fiscalía General sólo lo alejó de ese proceso y no así del Ministerio Público. “Él (Soza) señala que continúa en la Fiscalía, trabajando”, aseveró Quenta. Soza calificó de especulaciones aquellas versiones que indicaban que huyó del país.
Según Quenta su colega respondió entre 20 y 30 preguntas, relacionadas con la grabación, nombres de los investigadores del caso Terrorismo, personal que lo asistió, así como lugares que visitó durante esa investigación. “El doctor Soza niega que sea su voz”, afirmó. Un experto brasileño, contratado por la senadora Gonzales, concluyó, el 24 de marzo, que la voz sí corresponde a Soza. Sin embargo, Quenta restó validez a ese análisis y cualquier otro que pueda realizarse fuera de la investigación oficial.
Está a la espera de que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) responda si cuenta con peritos para poder evaluar ese audio. “Estamos esperando respuesta de la Unipol para ver si tienen expertos o no, en función a eso vamos a ver qué paso, vamos a seguir. De que hay expertos hay expertos, pero no tengo conocimiento si en Bolivia hay, y si en estas instituciones no hay”, manifestó.
Soza, a su vez, aseguró que “sobre algo ilegal (grabación) no se puede hacer ningún peritaje”. Quenta precisó que el análisis de la grabación es necesario porque de ello dependerá la continuidad de las investigaciones, de lo contrario este proceso puede quedar paralizado.
Piden otra indagación
Santa Cruz
El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, pidió a la Fiscalía General abrir un proceso contra el entorno del vicepresidente del Estado, Álvaro García, que es mencionado en la grabación de audio presuntamente del exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, reportó ANF.
Según dos juristas, el audio puede ser prueba
El audio que se atribuye al fiscal Marcelo Soza es por el momento un indicio, pero puede constituirse en prueba plena si es que un peritaje, solicitado por la autoridad jurisdiccional competente, determina que es su voz.
En ese criterio coinciden el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, y la exmagistrada y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame. “Estos medios por sí solos no se constituyen en prueba, pero pueden generar indicios y esos indicios deben tomarse en cuenta a partir del estudio que se haga de este material a solicitud del órgano jurisdiccional competente, que en este caso es el Ministerio Público”, explicó Arrázola.
Salame también coincidió en que por sí misma la grabación presentada por la senadora Carmen Eva Gonzales no es una prueba, pero se volverá tal si se establece a través de un estudio que es la voz del fiscal, lo que deberá ser tomado en cuenta en la investigación que está en curso.
El fiscal que investiga el audio, Genaro Quenta, explicó que para proseguir en esta investigación y ver si es que se indagará su contenido, el audio debe ser analizado por un perito, quien deberá definir si es la voz del fiscal Soza. Si bien Arrázola considera que es el Ministerio Público la autoridad competente para instruir el peritaje, Salame explicó que tendría que ser un juez.
Ambos juristas también coincidieron en que debe realizar el peritaje lo antes posible porque está en entredicho uno de los procesos más importantes en el país, como es el caso Terrorismo, así como una red de extorsión descubierta en noviembre de 2012.
Reclaman aprehensión del fiscal investigado
Samuel Doria Medina y Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, reclamaron ayer por la aprehensión del fiscal Marcelo Soza, en tanto que juristas demandaron que la investigación continúe. “Hay varios audios que se ha comprobado su autenticidad y él (Soza) va, declara, repite que es un montaje y se va a su casa. Eso demuestra que no hay justicia”, cuestionó Doria Medina.
Entretanto, Peña consideró que el fiscal debe ser aprehendido, procesado y se lo debe remitir a un penal. Además, dijo, la indagación debe pasar a otro nivel, es decir, investigar a autoridades involucradas.
Entretanto, la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, pidió que se investigue por qué despareció Soza y que se le den garantías para que pueda encarar este proceso sin ninguna presión.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrázola, también opinó que se debe encarar esta investigación con la seriedad del caso, pues “se pone en entredicho un tema que ha sido el más sonado del país porque supuestamente comprometía la unidad del Estado”, lo que también debe ser indagado.
