El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, admitió hoy que su despacho realiza unas gestiones «confidenciales» en torno al caso del senador boliviano Roger Pinto, asilado en la embajada brasileña en La Paz desde hace diez meses.
«Hay gestiones», declaró Patriota ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aunque declinó hacer mayores comentarios pues consideró que es «preferible que sigan en un plano confidencial».
Pinto, quien se dice perseguido por el Gobierno de Evo Morales, está refugiado en la embajada brasileña en La Paz desde el pasado 28 de mayo y 10 días después Brasil le concedió la condición de asilado político.
Sin embargo, no ha podido abandonar la embajada por falta de un salvoconducto que el Gobierno boliviano hasta ahora le niega, pues sostiene que debe responder a diversos procesos por supuestos actos de corrupción.
Patriota recordó que el mes pasado fue creado un grupo de trabajo entre Brasil y Bolivia para tratar de resolver la situación de Pinto y aseguró que esa comisión trabaja «con voluntad negociadora y de diálogo».
Asimismo, afirmó que el senador cuenta en la embajada con «toda la protección del Estado brasileño», que ha asumido el compromiso de «garantizar su seguridad física».
El ministro también desvinculó el caso del senador Pinto de la detención en Bolivia de doce hinchas del club de fútbol brasileño Corinthians, acusados de la muerte de un joven durante un partido de la Copa Libertadores disputado en la ciudad boliviana de Oruro.
Algunos de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores insinuaron que la detención de los doce hinchas pudiera responder a supuestas «represalias» por el asilo dado a Pinto, pero Patriota enfatizó que se trata de casos «separados» y «sin vinculaciones».
En relación a los seguidores del Corinthians, el ministro reiteró que cuentan con la debida asistencia de las autoridades consulares brasileñas y que confía en que el proceso se cumpla con la celeridad necesaria.
Asimismo, expresó confianza en que los hinchas puedan demostrar su inocencia y que sean beneficiados con un hábeas corpus, que les permite responder a las acusaciones en libertad, bien sea en Bolivia o en Brasil.
