Hace unos meses se hablaba de Francia y de su Presidente como una respuesta alternativa para una mejor salida de la crisis financiera, gravando a los ricos, a los que ganan más, pero al final no pasó nada, falsa alarma. Y recientemente se hablaba de una salida Chipriota a la crisis como resultado de la oposición del Parlamento, a que como parte del ajuste no se aplique el impuesto propuesto para los ahorristas menores a 100 mil euros ($us 126 mil), como planteaba el paquete inicial con el FMI.
Así se logró que los clientes de los bancos con depósitos superiores a los 100 mil euros transformen en acciones bancarias el 37,5% de sus acciones. Un 22,5% no ofrecerá rentabilidad y el 40% restante quedará supeditado al rendimiento del banco, pero que el Estado seguirá garantizando los depósitos menores de 100 mil euros. Esta medida por lo menos implicaba un cambio diferente en la distribución de la carga.
Sin embargo, el sueño de una vía distinta como la de Islandia fue efímero, porque Chipre acordó una serie de reformas económicas con la Unión Europea y el FMI como parte del paquete de rescate, las cuales incluyen, además de las pérdidas para los grandes depositantes, los infaltables aumentos de impuestos y recortes de gastos del gobierno. El objetivo del plan es “estabilizar el sistema financiero y lograr una sostenibilidad fiscal, para crear los fundamentos para la recuperación de la actividad económica y el potencial de crecimiento que preservarán la prosperidad a largo plazo de la población”. Para Christine Lagarde, presidenta del FMI, es un programa ambicioso que requerirá un gran esfuerzo de la población chipriota. Y no faltó la cereza para el paquete que la puso el propio presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, al nombrar un panel que investigará “las causas de la crisis financiera en el país”.
Un lector no economista inmediatamente se preguntará: ¿cómo van a aplicar un plan y reformas sin conocer las causas de la crisis financiera? Pues tal accionar es equivalente a que un médico le aplique al paciente una receta y le diga que después, no se sabe hasta cuándo, investigará con otros colegas las causas de su enfermedad. Como economista, siento realmente vergüenza de mi profesión, que requiere años de estudios e investigaciones, para que una misión llegue a un país y en poco tiempo aplique la misma receta que fracasó en los años 50 en América Latina, en la década perdida de los 80 en los países de la ex Europa socialista y ahora recargada en España, Portugal y Francia.
A un médico que prescribe mal a un paciente se le puede iniciar una acción judicial y sancionarlo. En la historia de los paquetes de ajuste desde que nació el FMI nunca se hizo por parte de los organismos internacionales, con excepción de las ONG globales, un juicio a sus políticas de ajuste fiscal que tuvieron fuertes daños económicos y sociales a millones de pobres. El FMI tiene su “Oficina Independiente” para recibir opiniones del mismo círculo intelectual sobre su accionar. Ni siquiera hizo “la autopsia” económica para decir de qué murió el paciente, para así aprender por lo menos de sus metidas de pata. Ni que decir de la crisis financiera global, que fue resultado de la liberalización financiera y del libre movimiento internacional de capitales incitada, auspiciada, obligada y promovida por el FMI.
Cada vez que trato de escribir sobre la crisis financiera, me da una rabia por mi profesión y una pena por los sacrificios de la población que no ha sido culpable del despelote financiero y tiene que pagar sus consecuencias.
