Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores han respondido con el silencio al pedido de investigación de la Fiscalía sobre la presunta participación del expresidente brasileño en la transferencia ilegal de dinero a su tienda política.
Las acusaciones de corrupción han sido lanzadas contra el exmandatario Lula da Silva por el empresario Marcos Valerio, condenado a 40 años de prisión como organizador de la red del llamado caso Mensalão.
Valerio sindicó a Lula de haber sido el mediador en una transferencia de siete millones de reales (casi 3,4 millones de dólares) realizada por un proveedor de Portugal Telecom en Macao (China) para el Partido de los Trabajadores (PT).
A la noticia de la investigación, Lula y su tienda política han preferido el silencio. Por lo menos hasta ahora. Cuando se filtraron a la prensa las denuncias, el líder del PT, Rui Falcão, había sido explícito: “A Lula no se le toca”. E inclusive había amenazado con sacar a la calle a la militancia del partido.
Los analistas han dado dos explicaciones: o Lula está seguro de que la Policía archivará las denuncias por falta de pruebas, o ha preferido respetar la decisión de los fiscales sin que una movilización de la calle a su favor pudiera aparecer como una contestación abierta a esa decisión.
Existe aún la esperanza de Lula y de su frente de que los jueces del Supremo puedan, a petición de los abogados, disminuir los años de cárcel infligidos a cuatro altos dirigentes del PT.
