Pese al riesgo de agravar la recesión, el paro y el aislamiento político, el gobierno portugués sigue apostando por la austeridad impuesta por sus acreedores internacionales para recuperar la confianza de los mercados financieros y evitar un segundo rescate.
«Este método no es el bueno, pero un cambio de estrategia solo puede hacerse a nivel europeo», dice a la AFP René Defossez, estratega de deuda del banco Natixis, al considerar que «Portugal no tiene los medios políticos para abandonar el discurso de la austeridad».
El apoyo de la zona euro y del FMI «quedaría en entredicho si el gobierno no tuviera la voluntad y la capacidad de respetar los objetivos de su programa», dice la agencia de calificación financiera Standard and Poor’s.
Sancionado el viernes pasado por un fallo del Tribunal Constitucional que amenaza con hacer descarrilar el plan de ayuda concluido hace dos años con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de centro derecha se precipitó a reiterar su compromiso con reducir el déficit público al 5,5% del PIB para finales de año.
Para compensar la anulación de las medidas inscritas en el presupuesto del Estado para 2013 que suponen unos 1.300 millones de euros de un total de 5.300 millones, el primer ministro Pedro Passos Coelho dijo que va a «acelerar e intensificar» los recortes ya en preparación en las partidas de Seguridad Social, Sanidad y Educación.
El ministerio de Economía ha decidido congelar todos los gastos públicos no esenciales para «reforzar el control de la ejecución presupuestaria», según la prensa de este martes, mientras que la próxima semana se espera a la «troika» –UE-BCE-FMI– de acreedores en una visita extraordinaria.
Ante las críticas cada vez más virulentas de la oposición de izquierda, sindicatos e incluso de la patronal, que piden un cambio de la política que el año pasado provocó la peor recesión desde 1975 y un desempleo récord, Passos Coelho se mantiene firme.
