Una resolución del Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) amenazó con anular la elección al rectorado si el comité electoral no habilita al candidato Waldo Albarracín. Dos miembros del comité renunciaron el lunes.
El Tribunal de Garantías Electorales de la UMSA y el comité electoral para las elecciones a rectorado sesionaron ayer por separado. La primera instancia emitió una resolución que exige al comité habilitar a Waldo Albarracín, del frente Unidad Universitaria, informó a La Razón el delegado de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Diego Jiménez.
“La resolución del tribunal señala que si el comité no habilita a Waldo Albarracín, se anulará las elecciones por estar viciadas, al no existir argumento para inhabilitarlo. El tribunal es la instancia superior, pero el comité está desconociéndolo con su accionar”, explicó. Este medio se contactó ayer con el presidente del tribunal, Freddy Aliendre, quien no quiso referirse al tema.
Paralelamente, el comité electoral emitió otra resolución donde ratifica la inhabilitación definitiva de Albarracín. Además, dos miembros renunciaron el lunes, Germán Núñez (decano de Ciencias Geológicas) y José Tejeiro (presidente del comité).
Ante esta situación, el comité eligió como nuevo presidente al decano de la facultad Técnica, Rafael Onofre, de acuerdo con la información proporcionada al CUB. “Éste es un tema que reventará en los siguientes días con olas de violencia, porque escuchamos que ya hay grupos organizados que amenazan con tomar el comité y el monoblock. La situación empeorará si ellos siguen con esa posición”, expresó Jiménez.
Albarracín fue impugnado de las elecciones a rectorado de la UMSA bajo el argumento de que no cumplió los cinco años que debe aguardar antes de postularse a un cargo electo, tras concluir sus funciones como Defensor del Pueblo, según la Ley 1818. Este periodo fenece el 18 de diciembre.
Pero el exdefensor afirmó que dicha ley, aprobada en 1997, contradice a la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009. El tribunal falló a su favor.
