La Fiscalía envió al vicepresidente Álvaro García un requerimiento en el que se le pide responder a una serie de preguntas relacionadas con la represión a los indígenas en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011, informó la fiscal del caso Patricia Santos, quien añadió que una de las preguntas es que, si conoce, identifique a quien dio la orden para el operativo destinado a desarticular la marcha en defensa del TIPNIS.
El lunes fue entregado el requerimiento para que el Vicepresidente responda al cuestionario de preguntas, del que no se informó el número ni el contenido total del cuestionario. La autoridad declarará en calidad de testigo en el que caso que provocó la renuncia del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y la apertura de un proceso que tiene con detención domiciliaria al hoy exsubcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz.
La tarde del 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino con violencia la marcha encabezada por el dirigente Adolfo Chávez y Fernando Vargas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en rechazo a la construcción de la carretera (Cochabamba-Beni) por medio del parque. Varios indígenas fueron maniatados y amordazados con cinta masquin.
Santos explicó que entre las preguntas planteadas a García está que, “¿si conoce, que manifieste quién es esa persona (que dio la orden del operativo?”. La pregunta surge a raíz de la declaración del 29 de noviembre de 2011 de García, en la que señaló: “Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido…Nosotros ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones”.
Llorenti, quien actualmente cumple las funciones de embajador ante las Naciones Unidas, afirmó en reiteradas ocasiones que se rompió la cadena de mando y que no hubo orden política. El entonces viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán también está vinculado con el caso.
Los indígenas llegaron a la sede de Gobierno y lograron la aprobación de la ley 180 de protección del TIPNIS, sin embargo otra marcha indígena liderada por la dirigencia del Consejo Indígena del Sur (Conisur) consiguió otra ley para viabilizar una consulta en el parque para definir la suerte de la carretera. En la consulta, según informó el Gobierno, la mayoría de las comunidades decidió rechazar la intangibilidad del TIPNIS y trabajar en una carretera ecológica.
