El Tribunal 1° de Sentencia de La Paz que juzga el caso Terrorismo o Rózsa aún no fue notificado con la Resolución 130/2013 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 2 de febrero, en el que rechaza la “rebeldía” del acusado Gary Prado. Fuentes de ese juzgado aseguraron que hasta ayer el juez Sixto Fernández, presidente del citado Tribunal, no recibió oficialmente ese fallo, por lo que no podía pronunciarse sobre su contenido.
La resolución constitucional revoca la declaratoria de rebeldía de Gary Prado y la orden de aprehensión que fue dictada en su contra, además dispone que, en el plazo de 72 horas, se le realice una valoración médica forense, a fin de que el Tribunal de Sentencia se pronuncie respecto a la declinatoria de competencia, que también fue solicitada por la defensa de ese procesado.
Otto Ritter, abogado de Prado, reveló ese fallo el viernes 12 de abril, durante la audiencia del juicio oral que se lleva en la ciudad de Santa Cruz, lo que motivó que el juez Fernández suspendiera la audiencia para el 22 de abril.
Esa resolución dio lugar a varias interpretaciones. Por un lado, la defensa sostiene que se anulan todos los actuados desde la declaratoria de rebeldía de Prado y que el Tribunal del caso debe pronunciarse sobre si es competente o no para llevar adelante este juicio.
Sin embargo, el Ejecutivo dice que el Tribunal sólo se pronunció sobre la tutela que había solicitado la defensa de Prado, respecto a que la realización del juicio en otra ciudad que no fuera Santa Cruz de la Sierra arriesgaba su vida y que la rebeldía dispuesta en la ciudad de Tarija atentaba su libertad porque se emitió una orden de aprehensión. Además, el Gobierno y la Fiscalía General sostienen que el fallo fue emitido a destiempo porque el caso ya está en Santa Cruz.
Audio. Por otra parte, el fiscal de Distrito, José Ponce, analiza la solicitud de peritaje externo que fue requerido por su colega Genaro Quenta, quien investiga el audio que supuestamente corresponde al fiscal Marcelo Soza, que atiende el caso Terrorismo.
En el citado audio difundido por la senadora Eva Gonzales (CN) se implica a autoridades del Ejecutivo con el caso Terrorismo. “Se va a analizar esa solicitud primero y, de corresponder, se remitirá a la Fiscalía General para que institucionalmente se vea si hay necesidad de hacer esa labor con otros institutos de nivel internacional”, explicó Ponce.
Fiscal evalúa apertura de juicio penal a Soza
El fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Enrique Montaño, anunció que en un plazo de 20 días se pronunciará sobre la apertura o no de un proceso penal contra el fiscal Marcelo Soza, que lleva el caso Terrorismo, por los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de funciones.
Soza se presentó el lunes en Sucre ante la Fiscalía General del Estado y prestó su declaración informativa dentro del proceso abierto en su contra por instrucción del jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
El fiscal Soza no asistió a la reanudación del juicio del caso Terrorismo el 18 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz. Tres días antes había renunciado a su cargo. Según Montaño, Soza justificó su ausencia a la citada audiencia y anunció que, de acuerdo a procedimiento, se evaluará esa declaración y se requerirá mayor información en torno a este tema para luego tomar una decisión legal sobre Soza.
Exigen justicia para acusados
Al cumplirse ayer cuatro años del caso Terrorismo o Rózsa, familiares y amigos de los imputados realizaron un acto simbólico en la plaza 24 de Septiembre, para pedir justicia y la libertad de los acusados. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Castedo, que participó del acto, pidió la extinción del caso, porque la misma ya sobrepasó los 36 meses que establece la ley.
“Es doloroso recordar esta fecha porque en ella se perdió a los familiares y amigos, muchos de ellos encarcelados injustamente y otros fuera del país y lejos de sus seres queridos”, dijo Castedo.
El dirigente sostuvo que desde ese comité se ha pedido el retorno del Estado de derecho al país y que el juicio por Terrorismo, referido a la desarticulación de un grupo presuntamente separatista, tiene que ser declarado nulo, porque se vulneraron los derechos de los procesados y no se respetó la jurisdicción del departamento.
“Hace cuatro años se puso en ejecución un plan de terrorismo de Estado destinado a amedrentar y extorsionar al pueblo cruceño por el solo delito de pensar diferente”, dijo María del Carmen Morales, esposa de Gary Prado, uno de los acusados.
