La opositora Convergencia Nacional (CN) en el Senado aprobó este jueves una resolución en la que brinda todo su respaldo a su senadora por Pando, Carmen Eva Gonzáles, a quien se la calificó como la nueva perseguida política del Gobierno del presidente Evo Morales. La legisladora es acusada por exfuncionarios de la Asamblea por extorsión.
El jefe de bancada de CN, el senador Marcelo Antezana, sostuvo que el único delito que cometió la asambleísta fue defender a su departamento, pero por sobre todo al país con las denuncias hechas públicas sobre el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza.
«Estamos haciendo pública y vamos a remitir también esta resolución a las diferentes Embajadas acreditadas en nuestro país y vamos a recurrir a instituciones y organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional», anunció el senador.
A su turno, la senadora Centa Rek (CN) señaló que Carmen Eva González se ha vuelto la nueva víctima del Gobierno y pretenden hacer con ella lo mismo que hicieron con el senador pandino Roger Pinto (CN): una perseguida política.
«En realidad consideramos que se está procediendo, primero con los dos senadores de Pando, a que sembrando supuestos delitos tengan que renunciar, y bueno continuaríamos los senadores cruceños y otros. Esta es una estrategia política de cara a las próximas elecciones para poder descabezar todo el liderazgo parlamentario», manifestó.
El senador Isaac Ávalos (MAS) repudió todas las declaraciones de los asambleístas de oposición y señaló que la senadora debe responder por las denuncias de extorsión que tiene en su contra en el Ministerio Público y la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores.
«Ella está armando todo. Ella empezó con denuncias falsas y ahora resulta que ella utiliza al Senado para recibir dinero que no corresponde, ella se está equivocando, por eso hay normas aquí, nosotros no nos metemos, porque para eso está la Fiscalía que tiene que hacer su trabajo», dijo el senador cruceño.
De acuerdo a la senadora González, ya son cuatro procesos penales que enfrenta en el Ministerio Público por la presentación de estos audios y fotografías, donde, presuntamente, se escucharía la voz de Soza revelando una serie de irregularidades y salpicando a funcionarios de Gobierno con los casos terrorismo y red de extorsión.
