El debate sobre la Ley del Libro Óscar Alfaro continúa. Los miembros de la Cámara Departamental del Libro de La Paz observan faltas en la defensa de los derechos de autor y poca claridad en los impuestos para la importación de textos.
La primera duda que plantearon los representantes de editores y de las librerías fue la necesidad de especificar las características de la exención impositiva al comercio de ejemplares y a la importación de este material.
“Tenemos que saber con claridad si la tasa cero en el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el IT (Impuesto a las Transacciones) sólo se aplican a la venta al consumidor o también a la importación. De no ser así, la situación se complicaría, ya que no tendríamos dónde recuperar la inversión”, indicó Carlos Ossterman, de la librería El Pasillo.
Por su parte, el ministro de Culturas, Pablo Groux, explicó que durante el tratamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa, que continuará esta semana, se hicieron modificaciones en el artículo ocho, en el que se especifica que la exención impositiva se aplica también a los libros del exterior.
REGLAMENTO. Pero, la simple inclusión de estas modificaciones no es suficiente. Los miembros de la Cámara y el titular de Culturas coincidieron en la necesidad de dialogar para que el reglamento de la norma garantice que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se ajuste a las nuevas condiciones tributarias. “Ya se sabe que esta institución tiene su propia visión sobre las leyes”, argumentó Ossterman. Groux adelantó que, aunque aún no se tiene la fecha, se convocará a los protagonistas de la producción literaria nacional a trabajar en el reglamento respectivo.
Esta labor se iniciará después de que la Ley del Libro sea promulgada. Sin embargo, el ministro no especificó una fecha porque el proyecto retornó a la Cámara de Diputados con observaciones de forma y fondo.
La mayor preocupación de libreros y editores es la lucha contra la venta de copias ilegales. “Notamos con preocupación que no existe en el documento una referencia respecto a la lucha contra la piratería y menos una forma de regular la reproducción en centros educativos”, lamentó Carlos Azurduy, gerente de la editorial La Hoguera.
Groux aclaró que esa ausencia se debe a la existencia de una norma que protege los derechos de autor. Asimismo, consideró que, al liberar a los libros de los impuestos con la nueva norma, los precios del mercado descenderán y esto reducirá el consumo de los artículos piratas.
No obstante, Azurduy indicó que en las ciudades existen puestos de venta callejeros y negocios de fotocopiadoras que reproducen textos para estudiantes de las universidades.
Una solución, en la que ambas partes coinciden, tiene que ver con el fomento de bibliotecas públicas en todos los distritos del país, algo que sí contempla el proyecto modificado.
