Un tribunal aplazó hoy hasta el próximo viernes la reanudación del juicio por un supuesto complot en 2009 contra el presidente Evo Morales denominado caso Terrorismo, y un presunto intento de dividir territorialmente Bolivia, informaron fuentes ligadas al caso.
El tribunal, encabezado por el juez Sixto Fernández, tomó esa decisión para cumplir con un fallo del Tribunal Constitucional que ordena hacer una evaluación previa de la salud del general retirado Gary Prado Salmón, acusado en el proceso, que está lisiado.
El abogado Gary Prado Arauz, hijo y defensor del exjefe militar, dijo a Efe que el tribunal designó a una médico para que valore hasta el jueves la discapacidad cardíaca y motriz de su padre, que se ha defendido en libertad.
El caso está bajo la jurisdicción de un tribunal de La Paz pero ha sido radicado en la ciudad de Santa Cruz a petición de varios acusados. Prado Salmón, que capturó en 1967 al guerrillero argentino-cubano Ernesto «Che» Guevara, fue favorecido con el fallo del Tribunal Constitucional que además ordena dejar sin efecto una orden para arrestarlo por no haberse presentado al juicio en las ciudades de altitud.
El exjefe militar ha negado la denuncia de haber sido parte de la supuesta trama para organizar milicias secesionistas en Santa Cruz y de haber tenido una relación con el complot contra Morales.
El caso Terrorismo data del 16 de abril de 2009 cuando murieron a manos de un grupo policial de élite en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, y además fueron detenidos el húngaro Elöd Tóasó y el boliviano-croata Mario Tadic.
La Fiscalía ha acusado al grupo de estar implicado en la trama terrorista, que la semana pasado cumplió cuatro años sin aclararse y en medio de un juicio en el que reina una creciente confusión por sus constantes dilaciones y cambios de fiscales y de sede.
El Gobierno ha defendido siempre que el plan terrorista existió y que estuvo financiado por líderes autonomistas cruceños, mientras que estos replicaron que todo fue un montaje del Ejecutivo para perseguir a los políticos de Santa Cruz con el fin de anularlos.
