El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), César Suárez, expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acepte los argumentos presentados por el Defensor del Pueblo en contra del artículo que dispone la suspensión de jueces y vocales a simple acusación fiscal, afirmando que la misma vulnera los derechos de ese sector.
César Suárez, con esa posición, se adhirió al Defensor del Pueblo que, el mes pasado, planteó la inconstitucionalidad del artículo 329 de la Ley de Procedimiento Penal, con el argumento de que esa normativa legal está “en contra de los derechos a la dignidad, a la defensa, la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales”.
