El Tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz ordenó la valoración médica del general (r) Gary Prado, coimputado en el proceso del caso Terrorismo, y suspendió el juicio oral hasta las 09.30 del viernes, fecha en la que se conocerá el examen forense.
Los abogados de la defensa avizoran que en caso de comprobarse el delicado estado de salud del coimputado del caso Terrorismo (referido a la desarticulación de un grupo presuntamente separatista en abril de 2009 en un hotel cruceño), el proceso podría ser trasladado a un Tribunal de Sentencia de Santa Cruz, es decir con juzgadores naturales.
El juez Sixto Fernández, titular del Tribunal 1º de Sentencia, dijo que en estricto cumplimiento a la Sentencia Constitucional 130/2013 se dispuso la autorización para que se realice el examen médico a Gary Prado.
IDIF. El examen médico estará a cargo de la forense del Instituto de Investigación Forense (IDIF) Sheyla Jahel Cadiz, quien adelantó que los resultados del análisis médico serán entregados al Tribunal 1º de Sentencia el jueves.
Fernández manifestó que una vez conocidos los resultados de la investigación forense, el Tribunal en pleno asumirá una determinación al respecto, aunque la autoridad judicial evitó emitir criterios sobre el futuro del proceso.
Explicó que se trata de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que concede tutela de manera provisional y condicional a que se realice la valoración médica a Prado, quien presentó la demanda al TCP porque fue declarado en rebeldía al no asistir a una audiencia desarrollada en Tarija, debido a su estado de salud.
La forense Cadiz adelantó que realizará un examen físico a Prado. “Será tratado como un paciente nuevo, por ello es que se solicitó cinco días para los exámenes, pero se me ha otorgado cuatro”, dijo. “Al parecer se han preocupado en dar cumplimiento a la sentencia constitucional, ahora queda esperar el informe que emita la autoridad médica”, sostuvo Prado
El abogado de Prado, Gary Prado (hijo), sostuvo que la autorización de una valoración médica es el primer paso de la sentencia constitucional. “Una vez cumplido con este requisito de la sentencia, de seguro que se ratificarán las discapacidades del general (r) y los problemas cardiacos que padece, entonces se le tendrá que otorgar la declinatoria de competencia para que sea juzgado por jueces de Santa Cruz”.
El artículo 2 de la Sentencia Constitucional 130/2013 determina “conceder la tutela de manera provisional y condicionada para el resguardo al derecho a la vida del accionante, respecto a la declinatoria de competencia debido a su delicado estado de salud”.
En el artículo 3 “ordena a las autoridades demandadas solicitar en el plazo perentorio de 72 horas un informe médico, el cual, de manera expresa, establezca el estado de salud del imputado, su discapacidad e imposibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sin que afecte su salud y vida”. En representación del Ministerio Público asistieron a la audiencia de este caso los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez.
No se presentó el fiscal Marcelo Soza, quien al ser director funcional de este caso renunció a su cargo a mediados de marzo, luego de que la senadora Carmen Eva Gonzales (CN) publicara un audio y fotografías. En la grabación, una voz que se le atribuye implica a ex y actuales autoridades de Gobierno con el caso Terrorismo.
