El Concejo de La Paz decidió que se remita a la Fiscalía una denuncia formulada por Gabriela Niño de Guzmán (MSM) contra Carlos Ramírez (MAS), que a su vez la acusó de propiciar escuchas ilegales y abrió en su contra un proceso penal por calumnia.
El 19 de febrero, en una sesión ordinaria, la concejala del MSM sindicó a Ramírez de pedir una coima de $us 20 mil a particulares para encaminar la aprobación del cambio de uso de suelos de un predio ubicado en Sewenkani, Macrodistrito Sur.
Niño de Guzmán presentó el punteo de una conversación telefónica sostenida por Ramírez y un asesor de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial, por lo que el aludido la acusa de haber grabado esa conversación.
“Recibimos denuncias de corrupción y la Comisión de Ética —conformada por la concejala Silvia Tamayo, del MSM, y Virginia Pinelo, del MAS— ha presentado dos informes, uno que inculpa y otro que absuelve a ese representante”, informó el presidente del Legislativo edil, Omar Rocha, de Unidad Nacional (UN). “Para salvaguardar la imagen del Concejo, se ha decidido enviar los antecedentes al Ministerio Público para que investigue”, agregó al final de la sesión extraordinaria que trató el caso.
Réplica. En la primera votación, los masistas y los Sin Miedo, que tienen cinco representantes cada uno, empataron, por lo que en la segunda vuelta Rocha dirimió y con su voto permitió que la investigación pase a la Fiscalía.
El artículo 2 de la Resolución 110/2013 dice: “Al advertirse indicios de posible responsabilidad penal (…) disponer que el Ejecutivo Municipal, mediante la Dirección Jurídica, remita obrados a las instancias competentes”.
Los legisladores también aprobaron que se efectúe una severa llamada de atención a Ramírez, quien calificó de irregular el tratamiento de su caso. “Hace dos meses presenté una querella contra Niño de Guzmán por calumnia. El procedimiento está avanzado y seguramente lo que el Concejo va a enviar (obrados de la acusación en su contra) va a ser parte del mismo proceso, porque no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo caso”, alegó.
El munícipe argumentó que la acusación de Niño de Guzmán se sustenta en la grabación ilegal de una conversación, lo que es un delito. “No podrá ser tomada como prueba porque se la obtuvo ilícitamente”. Rocha confirmó que recibió la denuncia de Ramírez contra la concejala del MSM y adelantó que su tratamiento será similar.
La documentación será remitida a la Comisión de Ética, que deberá presentar un informe al pleno para que se pronuncie mediante votación. La Razón buscó una entrevista con la representante del MSM, pero indicaron que está de viaje. También se trató de contactarla a través de su teléfono móvil, pero no se tuvo éxito.
Denuncian por corrupción a dos munícipes del MSM
Alfredo Valles y Ricardo Gutiérrez, concejales del Movimiento Sin Miedo (MSM), fueron acusados por la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro de haber cobrado más de Bs 7.000 para otorgar puestos de venta a sus afiliados.
El dirigente de esta organización, Marcelino Arancibia, presentó como prueba el audio de la conversación entre las víctimas de la exacción y los dos representantes, y los denunció al Concejo, que en una sesión acalorada remitió el caso al Ministerio Público.
Los inculpados negaron la acusación alegando que a través de la tecnología se habría realizado un montaje de sus voces. “Somos inocentes, pero vamos a abrir un proceso judicial contra los acusadores que mellaron nuestra dignidad”, dijo Valles al salir de la reunión.
