El juez de Copacabana Juan Arroyo determinó ayer dar libertad provisional a los seis imputados por el robo de las joyas de la Virgen de Copacabana. Los vecinos reaccionaron enfurecidos, cercaron el Juzgado y anunciaron que ingresarán al templo a buscar las alhajas.
“Vamos a hacer justicia comunitaria”, “Juez traidor”, “Que nos devuelvan las joyas”, fueron algunas de las proclamas que la turba de más de un centenar de personas lanzaba anoche en las puertas del Juzgado de Copacabana. La furia de los pobladores de la ciudad lacustre fue provocada cuando el letrado determinó que ninguno fuera enviado preventivamente a la cárcel de San Pedro de La Paz, como pedía la comisión de fiscales encargada del caso.
De las seis personas sospechosas, sólo el hermano laico Juraj Vakberti recibió detención domiciliaria. El natural de Eslovaquia deberá permanecer dentro de la iglesia y tiene prohibido comunicarse con otras personas implicadas en el proceso.
Los otros imputados —el sacerdote Elvio Frías, el policía Manuel Maldonado, el sacristán Lázaro Naval Pomacusi y el sereno de Entel Eulogio Layme— deberán presentar, en el plazo de 72 horas, dos garantes solventes que vivan en Copacabana.
El rector del santuario, el padre René Vargas, deberá pagar una fianza de Bs 5.000, también en el mismo plazo. Además, todos los acusados tienen arraigo para impedir que abandonen el país y deberán presentarse los lunes en la Fiscalía de la población. Durante más de seis horas, el Ministerio Público y la defensa de los coimputados presentaron sus argumentos y pruebas en una audiencia tensionada por las partes.
Una de las razones fue la presencia de varios abogados de diferentes sectores de la sociedad de Copacabana, incluidos la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales. El juez se vio obligado a exigir a los juristas —los cuales aseguraban que sus representados fueron afectados por el hurto— que acrediten a su representante legal.
La audiencia comenzó a las 14.30 y finalizó pasadas las 21.00. En el transcurso de la misma, la población se reunió en inmediaciones de la plaza y los juzgados. Al conocerse el fallo, la reacción fue violenta, lo que obligó a los abogados y a los acusados a ocultarse en esas instalaciones.
Las autoridades realizaron diversos intentos de calmar los ánimos. Una de las propuestas que más eco halló en los enardecidos ciudadanos fue la de cercar durante la noche el santuario y de organizar hoy una comisión con el objetivo de requisar el templo, ya que la gente cree que las joyas robadas se encuentran allí. La madrugada del lunes 22 de abril, 18 alhajas de la Virgen de Copacabana fueron sustraídas. Este delito movilizó a la población y a las autoridades.
El padre Vargas indicó, tras el fallo, que el crimen afecta incluso a los imputados y que parte del problema es la ostentación con la que se presenta la imagen de la santa.
El presidente Evo Morales acusó, el jueves, a los obispos de conocer quiénes son los responsables del robo de las joyas y les pidió castigar a los autores. Esta declaración motivó una protesta de la Iglesia, que ayer emitió un comunicado. “Lamentamos profundamente las declaraciones inapropiadas del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales”, señala parte del texto leído por el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), padre José Fuentes.
En Copacabana, Morales fue respaldado por los vecinos, quienes pidieron su respaldo en las investigaciones.
