El proyecto de Ley de Reconocimiento Pecuniario a expresidentes y vicepresidentes, equivalente a diez salarios mínimos, fue aprobado hoy por el pleno de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su análisis, revisión y aprobación o devolución con modificaciones.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Héctor Arce, sostuvo que el pleno modificó la norma en lo referido a los trámites que debe realizar una exautoridad para recibir el beneficio. Señaló que la ley establecía en un principio que el pago de la pensión sea gestionado a través de la Cámara de Senadores, pero el cambio incluyó que ese trámite este a cargo del Ministerio de Economía.
«Se ha planteado una modificación en ese sentido, para ahorrar un camino burocrático en el entendido de que no es una determinación política la que va a dar o no va dar a un exPpresidente, sino que debería ser un trámite administrativo (…). Tiene que ser un trámite rápido y expedito directamente con el Ministerio de Economía que mediante una resolución ministerial pueda desembolsar este beneficio», sostuvo el expresidente de la Cámara de Diputados.
El proyecto de Ley establece que las exautoridades de Estado que no podrán recibir la «pensión vitalicia» son aquellos expresidentes y exvicepresidentes que perciban una remuneración del Estado, como por ejemplo el exmandantario Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) quien actualmente funge como el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la demanda marítima contra Chile.
Según Arce, Rodríguez podrá acceder al beneficio una vez que ya no presté servicios al Estado.
Además de la pensión a exautoridades de Estado, el proyecto de Ley determina beneficiar también a las mujeres mineras que asumieron acciones en defensa de la democracia del país. El monto en dinero fijado para las ‘defensoras de la democracia’ es de siete sueldo mínimos nacionales.
La diputada de oposición por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, sostuvo que el proyecto de Ley no tiene un sustento jurídico, toda vez que la Constitución, en su artículo 160, establece que el Senado reconocerá «honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado», más no así «reconocimiento vitalicio de rentas de expresidentes o exvicepresidentes».
«Una cosa es reconocimiento de un honor y otra cosa que justifique gasto público, en este caso el pago de una renta con 10 mínimos salarios significa gasto público, porque se está cargando al Tesoro General de la Nación», cuestionó.
