La ONU exhortó ayer al Gobierno de Argentina a que reconsidere la aprobación de las leyes del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados.
La “disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura” y “las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares” son “contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indicó la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul.
El 24 de abril, el oficialismo argentino hizo valer su mayoría al sancionar una ley que limita las medidas cautelares contra el Estado, que se enmarca en una prolongada disputa judicial del Gobierno con el grupo Clarín, y otra que crea tres cámaras de casación (apelación de tercera instancia) cuyo objetivo es aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el Gobierno.
Riesgo. La llamada “democratización de la justicia” impulsada por la presidenta Cristina Fernández consta de seis proyectos, dos de los cuales fueron aprobados por los diputados, mientras que el Senado votará en mayo las restantes cuatro iniciativas.
El Senado, también controlado por el Gobierno, votará un proyecto que regula el ingreso a la carrera judicial, otro que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema, y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura, que vuelve de Diputados.
Knaul recordó al Gobierno argentino que “el Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”.
“Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se les asegure un recurso efectivo para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial”, agregó.
El lunes, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó ante un tribunal argentino la primera demanda de amparo contra la ley que limita las medidas cautelares y la que dispone la creación de tres cámaras de casación, según EFE.
Ejecutivo aprueba ley que limita cautelares
El Ejecutivo argentino promulgó la primera ley de la polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo, la que limita el uso de las medidas cautelares contra el Estado. La ley establece que las medidas cautelares “sólo tendrán eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables”, cuando comprometan “la vida digna, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental”.
La norma contempla un límite máximo de seis meses, prorrogable por otros seis, para las cautelares y explicita que éstas no podrán afectar los bienes o recursos propios del Estado. Hasta ahora, un juez o tribunal argentino podía frenar la aplicación de una nueva ley hasta que su validez fuera confirmada mediante un fallo firme.
El Gobierno denunció que existe “un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo”, en referencia a las medidas cautelares que mantienen en suspenso la aplicación de la ley de medios audiovisuales, aprobada hace más de tres años por el Congreso.
