El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, señaló este miércoles que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) comete al menos dos delitos, tras ratificar el fallo “temerario” que ordena que el vicegobernador Mario Aguilera asuma como Gobernador, ante la imposibilidad de Luis Fernando Camacho.
«Lamentablemente nos encontramos asombrados de la temeridad con la que el Tribunal Constitucional ha decidido actuar. No solamente justifica la respuesta que nos ha dado en la resolución de autoprórroga con la que ellos continúan ejerciendo funciones, sino que hoy día, con esta resolución firmada por Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada Navia, hoy cuando ellos ya están fuera de sus funciones, ya constituye un delito”, dijo Matkovic.
Agregó que este dictamen confirmó los vicios que tenía la sentencia inicial, uno de ellos que “no se tomó en cuenta la Ley Departamental 293 que se encuentra vigente en el marco constitucional”. Esta norma blinda a Camacho en su cargo, ya que establece las causales para la suplencia temporal, entre las cuales no se encuentra el encarcelamiento.
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El exdirigente cívico cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, desde diciembre de 2022, por el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando Camacho lideraba al Comité pro Santa Cruz. El proceso se encuentra listo para el juicio oral.
“Vamos a hacer cumplir la ley, vamos a hacer un apego estricto a lo que dice nuestra norma, una sentencia constitucional no puede apartarse de las leyes vigentes dentro de nuestro marco jurídico y la Ley 293 a la cual hace referencia esta sentencia, no porque ellos digan deja de estar vigente”, mencionó el asambleísta de la alianza de Camacho: Creemos.
Así, Matkovic recibió respuesta al recurso de complementación y enmienda ante el TCP, que declaró “no ha lugar” a las solicitudes que presentaron la ALD y la Gobernación cruceñas para que se rectifique la suplencia temporal de Camacho.
No obstante, cuando el presidente de la ALD presentó este recurso en Sucre, también con el objetivo de dejar en suspenso la aplicación del fallo que ha provocado un terremoto político en Santa Cruz, adelantó que no reconocen el mandato de los magistrados, que prorrogaron su mandato (finalizado el 31 de diciembre de 2023) ante las fallidas elecciones judiciales.
Matkovic continuó con este discurso y dejó abiertas las puertas al desacato. Señaló que el dictamen del TCP se pondrá a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa, para que uno por uno, sus colegas “levanten la mano y digan ‘sí, estoy dispuesto a cometer un delito’, dando cumplimiento a una orden judicial que me ordena violar una ley que está plenamente vigente”.
Añadió que los fallos del TCP no son apelables y se tienen que cumplir, pero remarcó que se le dio oportunidad al TCP para que corrija su decisión. “Pudo haberlo hecho, (pero) me deja claro que a alguien le están tendiendo una trampa (y) en un futuro va a tener responsabilidad”. Al respecto, indicó que los magistrados cometen al menos dos delitos: usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
