Sucesivas denuncias de corrupción lanzadas desde un crítico programa de televisión salpican al gobierno de Cristina Kirchner y se convirtieron en el principal caballito de batalla de la oposición, en medio de un agitado clima político a menos de seis meses de cruciales elecciones legislativas en Argentina.
El más reciente informe del programa del Canal 13 «Periodismo para Todos», denunció la existencia de una bóveda para «guardar valores» en la casa de descanso que la presidenta Kirchner posee en la villa patagónica (sur) de El Calafate, donde en 2010 falleció su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), en una sucesión de emisiones que ese espacio bautizó como «la ruta del dinero K» (por los Kirchner).
Las acusaciones generalmente se replican en los influyentes medios del Grupo Clarín, al que pertenece el Canal 13, en el marco de una dura disputa entre este holding, el más poderoso del sector, y el gobierno, que incluso se dirime en los tribunales.
Expertos consideran que las denuncias de corrupción pueden tener impacto electoral porque la situación económica está empeorando, pero a la vez opinan que la influencia puede ser mínima en las legislativas del 27 de octubre próximo si es que esos señalamientos no tienen sanción judicial concreta.
En los últimos años «lo que ha cambiado no son las denuncias que ya estaban, sino su impacto que hoy es mucho mayor, por varias causas. La primera, que la economía está estancada. Con crecimiento del 7%, como sucedió en 2011, la gente en Argentina – como en la mayoría de los países del mundo- tolera más la corrupción», dijo a la AFP el politólogo Rosendo Fraga.
En 2011 fue reelegida Cristina Kirchner con el 54% de los votos.
La economía argentina ha crecido a un promedio del 8% desde 2003 a 2011, aunque el año pasado bajó a 1,9% y para este año se espera que no sea superior al 3%.
Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, sostuvo que la segunda razón «es que el conflicto entre el gobierno argentino y los medios privados de comunicación por un lado y la justicia por otro, contribuye a que el impacto político de las denuncias de corrupción sean mayores».
El gobierno ha encarado una polémica reforma judicial que consta de seis leyes, de las cuales cinco ya han sido aprobadas por el Congreso, una iniciativa que ha sido cuestionada por la oposición y causó malestar en un sector de los magistrados que consideran que atenta contra la independencia del poder judicial.
Una de esas leyes limitó a seis meses la duración de las cautelares (prevención de un derecho) contra el Estado, prorrogables por otros seis, después de que Clarín se acogiera a este recurso en 2009 en rechazo de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más fuerte grupo argentino del sector a desprenderse de licencias de radio y televisión.
«La corrupción no es un tema prioritario, según las encuestas, como lo son la inseguridad y la pobreza. Hoy tiene repercusión mediática, pero esto hay que verlo en el tiempo. Como sucede muchas veces, se convierte en la nada», dijo a su vez a la AFP el experto Ricardo Rouvier.
Rouvier consideró que las denuncias pueden tener una influencia concreta a nivel electoral «si hay una sanción judicial que pueda ser vista por la sociedad» y agregó que «eso es distinto, aunque no es lo habitual: en general termina en la nada y eso se disipa en la población».
Las legislativas de octubre renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, ambas con mayoría del gobierno, coincidentes con la mitad del segundo mandato de Kirchner, cuya popularidad viene cayendo en las encuestas.
En cambio, Fraga añadió que las acusaciones por la llamada «ruta del dinero K» pueden tener ahora mayor repercusión, porque existe «un estado de movilización de la clase media con sentido opositor convocada por redes sociales», en alusión a la marcha multitudinaria contra el gobierno realizada el 18 de abril pasado.
Como parte de las denuncias, la justicia investiga a un empresario cercano a los Kirchner, Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero, tras la confesión en cámaras ocultas en el programa Periodismo para Todos de dos financistas por reportes de operaciones sospechosas por unos 20 millones de pesos (USD 3,8 millones).
Otro magistrado tiene a su cargo la acusación de la exsecretaria privada de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, sobre la presunta existencia de «bolsos con dinero» que eran enviados a la residencia de los Kirchner en El Calafate.
