El 8 de octubre de 2010 el país dio un paso histórico cuando entró en vigencia la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Dos años y medio después, esta norma es enarbolada por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana para reclamar que todos los trabajadores del país reciban un trato similar al que beneficia a los militares en el caso de sus pensiones de jubilación.
Si ellos se jubilan con el 100% del monto de sus salarios y la Constitución y la Ley 045 garantizan la igualdad entre bolivianos, la demanda resulta absolutamente válida, además de legal. En consecuencia, el Estado debería garantizar que todos los bolivianos que cumplan con los requisitos de antigüedad y aportes reciban el trato de los uniformados.
No obstante, por las cifras que ha revelado el Gobierno, queda demostrado que es imposible cargar semejante peso en la espalda del Estado y que si se insiste en ello el sistema de pensiones colapsará en una década, dejando en la incertidumbre a miles de futuros jubilados.
Pero, insisto, la Ley 045 dispone que “el Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías…”.
Entonces, si debe garantizar condiciones equitativas y económicamente es imposible jubilar a todos con el 100% del salario, lo justo sería que, militares o no, reciban el 70% que propone el Gobierno. Pero eso es políticamente riesgoso y legalmente complejo. Nadie quiere militares enfurecidos y la Ley General del Trabajo dispone que las conquistas laborales se constituyen en derechos adquiridos.
Complejo lío en el que se encuentran las autoridades del Ejecutivo. Ser equitativo y no discriminar no había sido tan sencillo como aprobar una ley. De hecho, hace una semana el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, reprochó a los ministros por no apoyar el plan de acción contra el racismo y la discriminación que permitirá aplicar la Ley 045 en la administración pública.
Este 24 de mayo se celebra en Bolivia el Día Nacional de la Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y si bien la promulgación de la ley del 8 de octubre de 2010 fue un gran avance, queda un complejo camino por recorrer.
Tal como ocurre con el caso de los militares, o como hace un tiempo ocurrió con los médicos que se benefician con un horario laboral de seis horas, hay ene casos de trato desigual que persisten y hasta hay algunos de reciente creación.
La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó un bienintencionado proyecto de ley destinado a ofrecer un seguro de salud a los lustrabotas, mediante el cual todos ellos podrán acceder a un servicio de atención integral de salud y acceso gratuito a medicamentos.
Una maravilla ¿Pero qué tienen los lustrabotas que no tengan los trabajadores en otros rubros? ¿Acaso no merecen similar beneficio los gremialistas, los lavadores de autos o los albañiles?
¿Leyes que otorguen cupos a grupos de bolivianos por su condición de origen o de género no son discriminatorias? ¿No será que el Estado discrimina a los varones cuando por su condición de género les obliga a hacer el servicio militar? ¿No es acaso discriminatorio el anuncio de legisladores oficialistas que anticipan que en la administración pública sólo trabajarán militantes del MAS?
En fin, el camino a la igualdad es complejo y más que buenas intenciones.
