Indígenas y campesinos de Pando, Beni y La Paz elaboraron, en consenso, la Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Bruno Racua. La norma plantea bases para industrializar su producción, protección de la reserva forestal y dotación de servicios básicos. “Ha costado mucho, pero hemos logrado unificar en una sola propuesta las demandas y necesidades de indígenas y campesinos de la Amazonía”, comentó a La Razón José Barbas Palomequi, representante de la Federación Sindical Única de Campesinos Madre de Dios Pando (FSUTCP).
Barbas, junto a otros 13 dirigentes, llegó a La Paz para presentar hoy el anteproyecto de ley ante la Comisión de Región Amazónica, Recursos Naturales y Medio Ambiente, presidida por el diputado Antonio Molina (MAS).
La norma reúne los aportes, sugerencias y necesidades de diez sectores aglutinados en el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas (Bocinab), que desde 2004 a la fecha debatieron temas referidos no sólo a la producción, sino también al incentivo por parte del Gobierno nacional y de las autoridades locales, a la industrialización en la zona.
Labor. “Otra de las necesidades insertas en esta ley es solucionar la postergación en el tema de servicio básicos en los tres departamentos”, cuestión que afecta a unas 500.000 familias que carecen, además, de carreteras, señaló el dirigente Barbas Palomequi.
El dirigente de la FSUTCP recalcó que costó tiempo y trabajo la concertación del documento. Apuntó que en actividades como la zafra de castaña y otros, campesinos e indígenas dependen unos de otros, tanto para el trabajo de campo como para la venta del producto; por tanto, la similitud de sus necesidades y preocupaciones permitió hacer una ley. “Este año recién hemos consolidado una sola propuesta; para ello hemos hecho congresos, talleres y debates. Sacamos de nuestras bases las principales necesidades en común”, insistió Barbas.
Elena Melgar, de las mujeres campesinas de Riberalta, afirmó que también se reglamentará la tala indiscriminada de madera por parte de “barraqueros” de la región. “El INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) sólo dan planes de manejo a esos empresarios, pero piden muchos requisitos a las comunidades para aprovechar la madera; ahora, planteamos planes de forestación y protección de la Amazonía”.
Por su parte, Ruth Ibare, de las mujeres Bartolina Sisa, de Pando, indicó que la región ha sido “abandonada” en términos de salud y educación. Dijo que con esta ley, el Gobierno deberá insertar recursos para fortalecer la seguridad alimentaria y los servicios básicos.
