El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) comenzaron hoy un acercamiento en ambientes del Ministerio de Trabajo para resolver los conflictos en el país, aunque el diálogo demandado por ambos sectores no se instaló de manera oficial, según informaron desde esa cartera de Estado.
Sólo los ministros de Trabajo, David Santalla, y de Economía, Luis Arce, ingresaron en silencio al salón Juan Lechín Oquendo del Ministerio de Trabajo cerca de las 21.50, lugar donde eran esperados por los trabajadores a la cabeza de su secretario ejecutivo Juan Carlos Trujillo, quien en horas de la tarde fijo como plazo fatal las 20.00 para que las autoridades de Gobierno retornen al diálogo.
Veinte minutos más tarde de las 20.00, Santalla, Arce y el ministro de Gobierno ofrecieron una conferencia de prensa donde además de expresar la voluntad del Gobierno por dialogar exigían a la COB levantar sus medidas de presión que el martes continuaron con movilizaciones en las principales ciudades del país.
«No se puede decir por un lado quiero dialogar y por el otro lado llevar una dinamita, convocar a la violencia (…) eso no es un movimiento reinvindicativo sindical sino un movimiento conspirativo, confrontacional y es un movimiento que está buscando generar un clima de beligerancia y violencia», dijo el ministro Romero durante la conferencia de prensa.
El ministro Santalla aseveró que la COB no presentó ninguna propuesta alternativa a la actual Ley de Pensiones. La COB dio un plazo hasta las 20.00 de hoy para la reinstalación del diálogo, sin embargo, según el corresponsal de La Razón ambos sectores se encuentran en el Ministerio de Trabajo pero en diferentes ambientes.
El secretario de integración regional de la COB, José Luis Delgado, afirmó que el ente matriz de los trabajadores remitió a la centrales obreras departamentales y regionales un instructivo para comenzar el miércoles la radicalización de las protestas y la masificación de los bloqueos de caminos.
Los trabajadores afiliados a la COB protestan desde hace nueve días atrás por la reforma de la Ley de Pensiones que les permita jubilarse con el 100 por ciento de sus aportes; y en el caso de los mineros acceder a una renta de vejez de 8 mil bolivianos.
