Unos 300 gobiernos municipales de Bolivia corren el riesgo de no poder presentar modificaciones a su Plan Operativo Anual y efectuar trámites porque carecen de una norma reglamentaria a la Ley de Participación y Control Social, advirtió el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), concejal Jorge Silva.
La cartera de Economía y Finanzas Públicas emitió el 19 de abril la Resolución 004, que dispone que “para el registro de Saldos de Caja y Banco, los gobiernos autónomos municipales deben presentar (…) el pronunciamiento de la instancia de participación y control social o del Comité de Vigilancia, indistintamente, hasta el 21 de mayo del año en curso”.
Silva dijo que en una nota al titular de ese ministerio, la FAM solicitó buscar un mecanismo que facilite el cumplimiento de esta disposición.
