Siguiendo con el análisis del ‘borrador’ de ley minera, cabe detenernos en dos aspectos fundamentales: generación de nuevos proyectos mineros y estructura del sector minero estatal. En el primer caso, como ya antes anticipé en esta columna, el desempeño de Sergeotecmin (así se llamará el Servicio Geológico Minero Metalúrgico, único actor importante en exploración minera básica) marcará la ruta que seguirá el país en este rubro. El art. 54 especifica sus atribuciones, 15 en el área geológico-minera y cinco en metalurgia. Al respecto me llamó la atención el punto d: elaborar el portafolio de prospectos y proyectos mineros para la promoción del potencial minero; y el art. 55, que define los medios de financiamiento (los mismos del actual Sergeotecmin: Tesoro General de la Nación, porcentaje de pagos por derecho de vigencia, ingresos por prestación de servicios y ayuda de organismos internacionales).
Todos conocemos las precarias condiciones en que se desenvuelve ahora el Sergeotecmin. Pretender aumentar atribuciones al nuevo Sergeomim y separar el Servicio Técnico de Minas (Setmin) de la estructura principal, sin dar alternativas adicionales de financiamiento, producirá mayor burocracia pero no mayor eficiencia. Con el esmirriado presupuesto actual, las cosas no cambiarán.
La tarea principal de generar un portafolio de proyectos mineros (en etapa de prefactibilidad para despertar interés de inversionistas) requiere una estructura institucional que no se tiene ahora, personal especializado y presupuesto adecuado que tampoco se dan. Hace tiempo vengo proponiendo una alternativa para esta situación: el potenciamiento institucional, que costará mucho tiempo y dinero, pero se debe hacer si se quieren resultados, y abrir en la ley la posibilidad de que Sergeomim participe en representación del Estado y con sus proyectos, en contratos de asociación con particulares (empresas) y pueda acceder —en caso de éxito— a parte del excedente que generen las nuevas operaciones mineras. No hacerlo es quitarle cualquier posibilidad de desarrollo y seguir con el círculo de fusiones y separaciones sin horizonte concreto de mejora.
En el caso de Comibol, la pesada estructura que propone la ley (Art. 39 y siguientes) con empresas descentralizadas, burocráticas y de difícil control, repetirá la historia de lo que hoy son Huanuni, Corocoro o Mutún, que sólo dan señales de vida cuando hay problemas. Comibol debiera ser una verdadera corporación, que administre centros mineros y metalúrgicos en el país, que invierta y se diversifique en nuevos emprendimientos en la región y el mundo, que se inserte a las corrientes de inversión global y pueda llegar a ser pragmática, eficiente y competitiva, aunque parezca sueño neoliberal.
No repitamos los errores de 1952, cuando nacionalizamos las viejas minas de Simón I. Patiño, pero dejamos incólume a la Patiño Mines & Enterprises, una corporación transnacional que tenía intereses en tres continentes, un grado de diversificación que le permitió ser la mayor empresa del rubro en su tiempo; que podía capear cualquier bajón de precios de metales y minerales, y compensar pérdidas en Bolivia con sus minas en Malasia e Indonesia o con ganancias de sus fundiciones en el Reino Unido. Nosotros nunca lo pudimos hacer. La receta es simple, aprender de la historia como lo hizo Chile con Codelco, o Brasil con Petrobras, y dejar de sentirnos el “ombligo del mundo” y pensar que todo gira alrededor nuestro.
