El exdictador argentino Rafael Videla, sobre quien pesaban dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de facto (1976-1983), falleció por muerte natural a los 87 años en una cárcel común de la periferia bonaerense.
El exdictador fue el primer gobernante de facto del régimen, entre 1976 y 1981, cuando fueron secuestrados y desaparecidos la gran mayoría de los 30.000 opositores, según organismos humanitarios, mientras unos 500 niños fueron robados a sus padres que se encontraban en cautiverio.
El juez federal de la localidad Morón, Juan Pablo Salas, con jurisdicción en el penal donde falleció Videla, dispuso que le sea practicada una autopsia al cuerpo del exdictador en la Morgue Judicial de Buenos Aires. “Si bien todo hace indicar que se trató de una muerte natural, se ordenó la autopsia como un trámite de rigor y para despejar cualquier tipo de dudas”, dijo una fuente judicial.
Políticos, dirigentes de organizaciones humanitarias y víctimas coincidieron en resaltar que el exdictador haya muerto en prisión condenado con las penas máximas por violación a los derechos humanos, aunque lamentaron que se haya negado siempre a dar información sobre los desaparecidos.
Reacciones. “Esta muerte trae a la memoria una etapa espantosa de nuestro país, una etapa de dolor y muerte por el genocidio de la última dictadura militar”, declaró el vicepresidente argentino Amado Boudou en acto público. El secretario de Derechos Humanos argentino, Martín Fresneda, afirmó que “es importante que haya muerto de muerte natural y en una cárcel común”. “Hubo justicia, no hubo venganza y se va como una persona que fue responsable de los principales horrores que vivió el pueblo argentino”.
“Me quedo un poco tranquila de que un ser despreciable ha dejado este mundo”, expresó por su parte la presidenta de la Organización Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
En tanto, el Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, recordó que Videla “nunca se arrepintió de los crímenes y se lleva mucha información”, aunque señaló que “los militares guardan todo y eso algún día va a salir a la luz”. El exgeneral fue destituido de su cargo militar por la justicia civil, a la que nunca reconoció, como ocurrió en su última aparición pública el martes pasado ante un tribunal de Argentina.
“Como lo hiciera antes, quiero manifestar que este tribunal carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos protagonizados por el ejército en la lucha antisubversiva”, manifestó Videla en el juicio en el que estaba acusado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, de coordinación represiva entre los gobiernos dictatoriales de América Latina.
Siete dictadores del Plan Cóndor viven
Siete de los notorios dictadores latinoamericanos que participaron del Plan Cóndor —de represión y desaparición de miles de opositores en América Latina— permanecen aún con vida, cinco de ellos cumpliendo penas de cárcel de por vida.
Según AFP, el guatemalteco Efraín Ríos Montt fue sentenciado este mes a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante su dictadura (1980-1981); el panameño Manuel Noriega purga tres condenas de 20 años cada una por la desaparición de opositores bajo su régimen (1983-1989); el argentino Reynaldo Bignone fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad (1982-1983).
El boliviano Luis García Meza, conocido como el “narcodictador” por sus nexos con el tráfico de drogas, cumple desde 1995 una condena de 30 años de prisión por los delitos cometidos luego de dar un golpe de Estado en 1980; el uruguayo Gregorio Álvarez purga una condena de 25 años desde 2009 por delitos de “homicidio muy especialmente agravado” cometidos entre 1977 y 1978.
El haitiano Jean Claude Duvalier es juzgado actualmente en el tribunal de apelaciones de Brasil; y el peruano Francisco Morales Bermúdez sólo fue acusado en Argentina e Italia.
Videla era un represor que no se arrepentía
Símbolo de la última dictadura militar argentina, Jorge Rafael Videla murió ayer sin dar una sola señal de arrepentimiento y alentando a un nuevo golpe de Estado para tumbar la democracia incluso después de haber sido condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. “No tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido”, respondió en plena dictadura el entonces presidente de facto a un periodista que le preguntó sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
Considerado el máximo responsable de la “guerra sucia”, bajo su mandato (1976-1981) fue asesinada una monja francesa que había cuidado a uno de sus hijos que padecía una minusvalía, recordó la periodista Miriam Lewin, quien estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el mayor centro de detención clandestina de Argentina.
Ambas anécdotas definen el carácter de un dictador que escuchó sin pestañear las sucesivas condenas que le impusieron los tribunales por los crímenes de los llamados “años de plomo”: secuestros, torturas, asesinatos y robos de bebés. Lanzó su última provocación en marzo de este año, cuando, desde la cárcel, llamó a los militares a “combatir” para tumbar al actual gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Nunca admitió su culpa y se declaró siempre un “preso político”.
