Como un malabarista en apuros, Barack Obama lidia estos días con tres escándalos simultáneamente sin acabar de controlar ninguno. Cada uno de ellos tiene un origen diferente, naturaleza distinta y variado potencial de riesgo también. Pero la acumulación de los tres amenaza, como mínimo, con desfigurar la presidencia de Obama y pone en peligro su agenda política, además de hacer parecer a todo el Gobierno como un atajo de incompetentes.
En orden temporal, se han ido acumulando: las sospechas sobre el comportamiento de la administración en el ataque terrorista a Bengasi el año pasado, la revelación de que la agencia recaudadora de impuestos (IRS) había discriminado negativamente a los grupos conservadores y, por último, esta misma semana, el descubrimiento de que el Gobierno había registrado —no escuchado— las llamadas hechas desde teléfonos de la agencia Associated Press.
El episodio de Bengasi, en el que murió el embajador de Estados Unidos en Libia y otros tres norteamericanos, ha sido explotado por la oposición republicana desde hace tiempo —fue debatido durante la última campaña electoral— como un episodio de falta de reacción del Gobierno, especialmente de Hillary Clinton, que era entonces secretaria de Estado, ante una amenaza terrorista. Obama nunca lo admitió así y nunca se ha demostrado que se pudiera haber actuado de manera más eficaz. Pero se han conocido algunas contradicciones entre las agencias de espionaje y el Departamento de Estado que para los republicanos son muestras de que se trató de ocultar la actuación inadecuada de Clinton.
En el espionaje a la agencia AP será difícil hallar nada ilegal, puesto que los números de teléfonos fueron registrados —nunca se pinchó ninguna llamada— con la correspondiente orden judicial ante la preocupación de que algunas informaciones en las que trabajaban los periodistas pudieran poner en peligro a determinadas personas implicadas en la actividad antiterrorista. Más que un escándalo, es una operación que afea la imagen de una administración que presumía de haber acabado con las tácticas secretistas del anterior Gobierno. Y, sobre todo, es una ocasión para definir más claramente los límites entre la libertad de expresión y la seguridad nacional.
De los tres casos a debate en estos momentos, el que más se parece al escándalo por antonomasia, el Watergate, es el de la actuación del IRS, en la medida en que se utilizó a una agencia oficial que debe de ser independiente por definición para perjudicar a rivales políticos. Las pruebas encontradas muestran que el IRS intentó penalizar a todas las organizaciones libres de impuestos que estaban vinculadas al Tea Party.
Obama ha reaccionado de diferente forma y a distintos ritmos en los tres episodios. El caso de Bengasi siempre lo ha interpretado como un intento de politizar una tragedia inevitable con claros propósitos de perjudicar a la Casa Blanca y a la posible candidatura presidencial del Partido Demócrata en 2016. Aún así, el miércoles atendió la petición hecha por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, e hizo públicas 100 páginas de correos electrónicos que se cruzaron desde varias instancias del Gobierno en las horas y días que siguieron al ataque.
En el asunto de AP, la Casa Blanca declaró que desconocía lo sucedido. Como prueba de su posición al respecto, Obama ha pedido al Congreso que reavive una legislación propuesta por los demócratas para proteger a los periodistas de la actividad de los órganos de seguridad.
En el más evidente y peligros de los tres escándalos, el del IRS, Obama anunció el miércoles la destitución de la persona que estaba temporalmente al frente del organismo —no había sido nombrado todavía un presidente— y prometió llegar hasta el final en la investigación. También en este último caso Obama tiene una tabla de salvación, puesto que resulta patente que grupos, como los del Tea Party, abiertamente dedicados a la actividad política, se están aprovechando de la situación fiscal que favorece a las organizaciones empeñadas en el trabajo social.
Si ninguno de estos tres asuntos crece, habrán servido al menos para hacer aún más tensa la relación entre demócratas y republicanos en el Congreso, donde la Casa Blanca necesita votos de la oposición para sacar adelante sus iniciativas más importantes, como la reforma migratoria.
