El Tribunal Constitucional de Guatemala decidió la noche de ayer anular el juicio que había condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras una sesión maratónica, los magistrados llegaron a una decisión dividida, con tres votos favorables para Ríos y dos en contra.
Los magistrados cedieron a las presiones de los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de la tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), según El País de Madrid.
Poderes que, en esta ocasión, jugaron sus cartas a plena luz del día. Por una parte, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a base de bloquear las vías de comunicación hasta lograr la liberación del viejo caudillo.
La patronal respondió a la condena con un comunicado en espacios en la prensa, la radio y la televisión, en el que rechaza la existencia de un genocidio en Guatemala, de acuerdo con el diario madridista.
La reacción de los militares era absolutamente previsible: hasta la restauración de la democracia, en 1985, fueron formados bajo una disciplina inspirada en la obediencia ciega, propia de los ejércitos habituados al intervencionismo —la historia de Guatemala está plagada de golpes de Estado—, y a no rendir cuentas.
El pronunciamiento empresarial sólo se explica, en palabras del historiador José Cal, “porque tradicionalmente el Ejército ha estado al servicio del gran capital”. Añade que su postura también evidencia que la represión fue financiada, siempre, por el empresariado, según El País.
