El magistrado Esteban Miranda Terán del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó su renuncia de manera oficial, luego de una críticas y amenazas de juicio de responsabilidades y proceso penal por el delito de usurpación de funciones, en el marco de la prórroga de su mandato.
Es el segundo magistrado que dimite a su cargo. El pasado 3 de enero, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Carlos Calderón, presentó su renuncia “irrevocable” generada por una situación de “incertidumbre, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP”.
“Se suman cuestionamientos a mi función estrictamente jurisdiccional, generando en la opinión pública, cuando menos duda o critica, si no, desconfianza, sobre mi integridad, aspecto que por supuesto no la admito (…) Esta situación generó desgaste en este servidor”, señala parte de la carta de renuncia de Miranda.
Miranda alegó que el último día de sus funciones fue el 2 de enero de este año, fecha en la cual se cumplió el mandato Constitucional de las altas autoridades del Órgano Judicial.
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Marcelo Pedrazas, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), por sus redes sociales informó sobre la renuncia “la pugna por la presidencia del TSJ, suma una nueva renuncia, se trata de Esteban Miranda, magistrado por Cochabamba».
Los actuales magistrados fueron posesionados en el cargo el 2 de enero de 2017. Según manda la Constitución Política del Estado, su período de seis años concluyó el 2 enero de esta gestión.
El fallo del 12 de diciembre de 2023 del TCP manda a la Asamblea Legislativa a aprobar lo más pronto posible una nueva ley de convocatoria y la preselección de candidatos a las elecciones judiciales. Además, dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
Esta decisión se debe al retraso de las elecciones judiciales, que en principio estaban programadas en 2023, pero que el TCP declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas en el Legislativo.
