La Defensoría del Pueblo recibió entre 2010 y 2012 un total de 1.425 denuncias sobre racismo y discriminación en sectores vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, cocaleros, conscriptos, emigrantes jóvenes mujeres embarazadas, niños o niñas de la calle y trabajadores, dirigentes vecinales, entre otros.
El defensor Rolando Villena informó sobre los datos recogidos, una vez aprobada en 2010 la ley de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, en ocasión del Día Nacional contra el Racismo y Discriminación que se celebra para condenar lo sucedido hace tres años en Sucre, donde un grupo de campesinos fue humillado cuando llegó a esa ciudad para participar de los festejos cívicos.
De acuerdo a la información defensorial, en la gestión 2010 los casos denunciados sumaron 470, en 2011 fueron 503 y el año pasado alcanzaron a 452, refiere un informe de la institución defensorial.
La vulneración de derechos afectan a personas adultas mayores, personas con discapacidad, campesinos, cocaleros, privados de libertad, conscriptos, dirigentes vecinales, emigrantes, jóvenes mujeres embarazadas, mujeres, niños o niñas de la calle, niños y niñas trabajadores, niñez y adolescencia, personas que viven con VIH, población con opción sexual diferente, policías, pueblos indígenas, activistas de derechos humanos, militares entre otros.
Villena destacó como un gran paso la aprobación de la normativa y, aunque el tema de la discriminación aún persiste, la población ha tomado conciencia al respecto.
“Hoy la discriminación y el racismo ya no se ejercen de manera abierta y visible y los lugares en las ciudades que antes eran prohibidos para personas indígenas o que no cumplían con estereotipos de vestimenta y apariencia, se cuidan y evitan incurrir en estas conductas”, señaló el Defensor.
Pese a los avances, no obstante, advirtió que el problema no ha desaparecido completamente. “Aún tenemos en nuestra sociedad espacios de discriminación, especialmente en los ámbitos laborales, educativos y políticos en los que son visibles o solapadas las formas de discriminación que se ejercen contra mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que piensan diferente”.
“Hay que trabajar mucho en educación y sensibilización de modo que el trato igualitario y con respeto hacia los demás no sea impuesto sino un comportamiento habitual”, remarcó.
El Defensor resaltó el trabajo que realizan los medios de comunicación en la difusión de la normativa y exhortó a una mayor participación en esta labor de mucha importancia en la construcción del nuevo Estado.
“Actualmente el racismo y la discriminación es un asunto de política pública de Estado, por lo que es necesario que las autoridades aprueben la Política Plurinacional que aporte a revertir la cultura discriminatoria y racista en Bolivia, contribuyendo de esta manera con el proceso de descolonización y despatriarcalización como parte del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó.
