Derechos Reales (DDRR) inauguró ayer una nueva oficina en Sucre, que emitirá certificados de no propiedad para que al menos medio millón de personas puedan acogerse en Bolivia a la regularización del derecho propietario sobre inmuebles urbanos.
La certificación de no propiedad es el documento que acredita que la persona que realiza el trámite de regularización no cuenta con ningún otro bien inmueble registrado en Derechos Reales en todo el país.
Este certificado es uno de los requisitos indispensables para cualquiera que pretenda iniciar la legalización, tal como establece la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda aprobada el año pasado.
Asimismo, en caso de legalización de asentamientos en predios de dominio público (municipios, gobernaciones o de cualquier entidad a nivel central del Estado), el beneficiario debe acompañar su proceso con este certificado de forma obligatoria.
La oficina en la capital —inaugurada la tarde del martes en presencia de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani; del viceministro de Urbanismo y Vivienda, Bonny Morales, y del director nacional de DDRR, Rolando Claros—, concentrará toda la información sobre las propiedades urbanas de Bolivia. El costo de la certificación de no propiedad es de Bs 120 y el documento será extendido en un plazo no mayor a las 72 horas, apuntó Morales.
La presidenta del Consejo de la Magistratura explicó que esta oficina permitirá abreviar los trámites y evitará que el ciudadano tenga que hacer un periplo por todo el país para solicitar la certificación en todas las oficinas de DDRR del país. Claros, a su vez, añadió que los interesados pueden realizar su solicitud en cualquiera de las 33 oficinas que DDRR tiene en capitales y provincias.
Pese a que la inauguración oficial de la oficina se efectuó ayer, este servicio comenzó a funcionar desde el 8 de mayo y ha recibido 663 solicitudes. De ese total, 587 fueron expedidas con el certificado de no propiedad y en 76 casos se verificó que el interesado poseía un inmueble.
Utilidad. “El certificado será un instrumento importante en los nuevos planes de vivienda, para que la gente certifique que no la tiene y pueda acceder a una”, recalcó el viceministro. “Además, en el marco de la Ley 247, permitirá a las personas que poseen una vivienda y que no tienen título de propiedad iniciar su trámite de regularización de manera rápida y expedita en el Poder Judicial”, añadió.
La oficina central de emisión de certificados de no propiedad dependerá del Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección Nacional de Derechos Reales y funcionará en Sucre como oficina central y centro de archivo.
El viceministerio cuenta con el Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Vivienda (Prorevi), que es el encargado de orientar a quienes tienen problemas propietarios de cómo iniciar los procesos técnicos, administrativos y judiciales de regularización de un inmueble. También tiene el mandato de implementar un sistema informático de registro para el control de todo este proceso de legalización.
El respaldo de la ley
Normativa
La Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda rige desde el 5 de julio de 2012.
