Bolivia debe tipificar sin demora el delito de tortura conforme a las leyes internacionales, según solicita el informe publicado hoy por el Comité contra la Tortura de la ONU, que acaba de analizar al país sudamericano.
«El Comité reitera su anterior recomendación, según la cual el Estado debe incorporar a su legislación penal una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención», señala el informe del Comité.
«La legislación penal debería enunciar claramente el propósito del delito de tortura, estipular las circunstancias agravantes, incluir la tentativa de tortura, así como los actos realizados para intimidar o coaccionar a una persona o a un tercero y los cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».
Con respecto a las garantías procesales fundamentales, el grupo de expertos de la ONU recuerda que en la anterior revisión ya solicitaron que éstas estuvieran en consonancia con lo establecido en la Convención, por lo que insta al Estado a: «Adoptar medidas eficaces para garantizar que las personas detenidas cuenten, en la práctica y desde el inicio de la privación de libertad, con todas las salvaguardias legales fundamentales, entre ellas el derecho a ser informado de los motivos de la detención, a tener acceso a un abogado, a ponerse en contacto con sus allegados u otras personas de su elección y a ser sometida prontamente a un examen médico independiente».
En relación a las denuncias de torturas y malos tratos, el Comité solicita a las autoridades bolivianas que establezcan un mecanismo de queja específico e independiente que permita recibir las denuncias de tortura y malos tratos para que puedan ser examinadas sin demora y de forma imparcial.
«Preocupan al Comité las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en custodia», es por ello que los expertos instan a Bolivia a que «garantice» que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias.
«Y a velar por que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación, en particular si existe riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de repetir el acto denunciado o de obstaculizar la investigación».
Por otra parte, los expertos de las Naciones Unidas urgen a las autoridades bolivianas a que excluyan la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de tortura y malos tratos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
«El Estado parte debe garantizar que se investigue exhaustivamente la conducta de los miembros de las fuerzas armadas sospechosos de cometer actos de malos tratos o tortura contra personal militar, se enjuicie a los autores de esos actos en la jurisdicción ordinaria, y de ser declarados culpables, sean castigados con sanciones apropiadas».
Finalmente, el Comité insta a Bolivia a investigar, enjuiciar y castigar a los autores de violencia sexual contra la mujer; y a adoptar medidas eficaces para facilitar la asistencia de las víctimas en la formulación y presentación de denuncias.
Así como asegurar la protección efectiva de las víctimas garantizando el acceso a centros de acogida y servicios de asistencia sanitaria; acelerar la creación de los juzgados de instrucción de violencia de género; y reforzar las actividades de concienciación y educativas sobre la violencia de género tanto a funcionarios que tengan contacto directo con las víctimas como al público en general.
