Según un diagnóstico de la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas, publicado el domingo en La Razón, en el país al menos 314 especies de animales se encuentran amenazadas. De esta cifra, 68 están en peligro de extinción y la situación de tres de ellas —la paraba azul, el cóndor andino y las tortugas (petas) gigantes— es crítica; es decir que su población se ha reducido en un 90%.
Entre los animales amenazados también están el caimán negro, la rana gigante (rococó), el armadillo, el delfín rosado, el jaguar, el manatí, la nutria, el oso jukumari, el tapir, el tejón, el guanaco y muchos más. Se trata sin duda de un preocupante dato que no debería pasar desapercibido, sobre todo entre las autoridades llamadas a preservar el medio ambiente, pero también entre quienes están contribuyendo a su desaparición.
La ampliación de la frontera agrícola para plantaciones agroindustriales (principalmente de soya y caña de azúcar) y para tierras de pastoreo, la contaminación de las aguas y de la tierra, el tráfico de madera, el comercio indiscriminado de algunas especies, la caza ilegal y el cambio climático son las principales causas por las que estas especies están en peligro de extinción.
Un verdadero atentado contra la naturaleza, que ocurre no precisamente por la falta de leyes o de mejores conceptos medioambientales, sino por prácticas sociales y económicas que contravienen todo principio de conservación.
Desde una perspectiva científica, la desaparición de una sola especie constituye una catástrofe medioambiental, pero también debería serlo en términos sociales. Pues, nos guste o no, los animales son esenciales para la preservación de la vida en el planeta, incluyendo la de los seres humanos. En efecto, unos cuantos constituyen la base de la alimentación de las personas, otros sirven de compañía, y la existencia de muchos más resulta esencial para conservar el equilibro de la biodiversidad del planeta.
Por ejemplo, a medida que la biodiversidad de cultivos y animales disminuye, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerable e insostenible. Esto porque se reduce la capacidad de adaptación de la agricultura y la ganadería frente a los desafíos medioambientales como el calentamiento global o la escasez de agua. Por otra parte, los servicios ecológicos que cumplen, como el control de plagas, sufren perturbaciones irremediables, que pueden acarrear terribles consecuencias.
De allí la importancia de intensificar nuestros esfuerzos para proteger y gestionar sabiamente la biodiversidad. Pero también es hora de abordar los asuntos básicos de las injusticias internacionales y las reglas de comercio medioambientales destructivas. De ello depende que se pueda garantizar el derecho de las futuras generaciones a vivir bien, en un entorno saludable.
