El reciente anuncio sobre la intención de facilitar la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas ha reiniciado un debate que nos conduce a la tensión existente entre las necesidades de desarrollo y las necesidades de mantenimiento de nuestro patrimonio natural. La ecología nos enseña que los sistemas naturales no son estáticos, es decir que no están en un equilibrio permanente, sino que más bien, los sistemas naturales están en variación constante, adaptándose a los cambios que el clima, los suelos, y últimamente los seres humanos provocamos. Las áreas protegidas son los “órganos vitales” en esos sistemas naturales, cumplen múltiples funciones y brindan una variedad de servicios a quienes habitan en ellas, alrededor de ellas y al planeta en su conjunto. En este sentido, operar un órgano vital, digamos el corazón, no es lo mismo que una cirugía menor, digamos el apéndice.
A pesar de que en ambos casos la cirugía tiene sus riesgos, debemos convenir que una cirugía en el corazón requiere de más preparación y experticia que en el apéndice. De este modo, el plantear cualquier actividad humana que podría tener un impacto sobre los sistemas naturales requiere de preparación y experticia, y más aún si se trata de hacerlo al interior de las áreas protegidas, cuya existencia y razón de ser están descritas en la Constitución Política del Estado. La Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien brinda el marco general para tratar de integrar la necesidad de desarrollo y preservación de la naturaleza. Si demandamos su cumplimiento, nos encontramos ante el gran desafío ambiental de proponer acciones de exploración, y posible explotación de hidrocarburos, que como la mencionada ley propone sean realizadas con “las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales”.
El desafío ambiental que esto significa es grande. El plantear una actividad que puede generar un gran impacto, de tal manera que la variación constante de los sistemas naturales les permita absorber ese impacto, y continuar funcionando de una manera apropiada es grande. La tecnología existe, las capacidades a nivel nacional existen, depende de nosotros demandar que lo que la Ley 300 y la Ley 71, de Derechos de la Madre Tierra, proponen sea cumplido. Podemos hacerlo desde un lado fundamentalista, o podemos hacerlo desde un lado propositivo, en busca de maximizar la capacidad de regeneración de la naturaleza aplicando siempre el principio precautorio, que nos obliga a prevenir cualquier impacto alegando la falta de conocimiento o de recursos. El desafío está planteado, ¿tendremos la capacidad y altura de responder a él?
