La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, defendió ayer la restitución en sus cargos de 37 funcionarios judiciales que fueron suspendidos por acusaciones de corrupción. Arguyó que, de no hacerlo, ella y sus colegas hubiesen sido procesados por existir jurisprudencia.
La decisión de restablecer en sus cargos a jueces, vocales y personal judicial de apoyo que enfrentan procesos legales y que fueron imputados por supuestas irregularidades, fue asumida por la Magistratura luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia 137/2013.
Ese fallo declara inconstitucional los artículos 183, parágrafo 1, numeral 4 de la Ley 025 del Órgano Judicial y el artículo 392 del Código Penal, que se refieren a que un funcionario puede ser suspendido a sola imputación.
Mamani ayer dio un informe oral ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en el que explicó por qué la institución que dirige restituyó a los 37 funcionarios, siendo que su aplicación no es retroactiva.
El diputado Héctor Arce, que preside la citada comisión, observó que con esa determinación el Consejo hizo una interpretación sobre la aplicabilidad de la mencionada sentencia.
Fallo. Arce basó su afirmación en el artículo 14 del Código Procesal Constitucional, que precisa que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, esa acción no da lugar a la revisión de fallos que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se consideraba constitucional.
“Lo que ha hecho la Magistratura es ir en contra de esta segunda parte de ese artículo, porque hubo una revisión aparentemente de oficio, ya que, de lo contrario, debe haber alguna solicitud de jueces suspendidos”, sostuvo el parlamentario.
Sin embargo, Mamani señaló que la decisión de la Magistratura se basa en sentencias y autos constitucionales de gestiones pasadas. Apelando a esas normas, dijo, las personas que fueron destituidas pidieron su restitución.
El asesor de Mamani, Ángel Dávalos, detalló al menos siete sentencias y autos constitucionales en los que se indica, por ejemplo, que una norma emitida por el TCP puede ser válida para hechos pasados con la condición de que no sean cosa juzgada, lo que se aplica a los jueces, vocales y personal de apoyo suspendidos porque sus procesos siguen en curso.
“Si nosotros desconociéramos el fallo constitucional, seríamos pasibles a un proceso de acción de cumplimiento de una sentencia constitucional”, aseveró Mamani. Complementó que la restitución también tiene la finalidad de acabar con la retardación de justicia, pues los jueces que estaban suspendidos no podían ser reemplazados.
Suspensión de vocales y magistrados
Casos
Desde 2012, un total de 15 vocales fueron suspendidos por el Consejo de la Magistratura.
Autoridad
Entretanto, el número de jueces que fueron suspendidos por esa institución suma 47. Los vocales y jueces enfrentan procesos.
