El Congreso de Ecuador aprobó este viernes por amplia mayoría una ley de comunicación que regula a los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y TV, constató la AFP.
«Esto marca un antes y un después en la historia de la comunicación, democratiza el acceso a la información y a los medios por parte de los ciudadanos», dijo a periodistas la ministra de la Política, Betty Tola, presente en la sesión.
La iniciativa fue votada por capítulos, siendo aprobados cuatro con una votación de 108 a favor, 26 en contra y una abstención; y los tres restantes con 110 sufragios afirmativos y 25 negativos.
El texto impulsado por el movimiento Alianza País (AP), del presidente izquierdista Rafael Correa, fue aprobado cuatro años después de iniciado su trámite, ordenado por la Constitución de 2008.
La ley establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
El sector privado controla actualmente 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
«Nunca más al monopolio de los medios», señaló el ponente de la norma, Mauro Andino, en un discurso ante el pleno. Actualmente 18 medios están bajo control estatal tras ser confiscados a banqueros a raíz de la crisis financiera de 1999.
Asimismo, la ley crea un consejo de regulación, que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.
Esa instancia, con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones, bajo el principio de responsabilidad ulterior, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.
Partidos opositores y algunos medios denuncian la ley como una «mordaza» a la libertad de expresión. Los asambleístas del movimiento Creo -segunda fuerza política- asistieron a la sesión con la boca tapada con pañuelos blancos y carteles con consignas como «la vida es nada si la libertad se pierde».
La prensa privada colombiana se solidarizó este viernes con la ecuatoriana, publicando un editorial conjunto en el que critica la nueva ley de medios.
«Desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella (prensa) que considera opositora», aseveraron los periódicos colombianos.
Para César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, la norma «no es una ley democrática, pues consagra la censura previa y el monopolio estatal sobre los medios».
El activista advirtió que los espacios comunitarios podrían ser controlados por el Estado, «ya que éste los financia, decide los contenidos y a quién dar frecuencias».
Para los medios comunitarios, la ley establece que el Estado deberá asegurar su financiación. Por aspectos como este, el texto fue apoyado por la principal organización indígena del país, la CONAIE, en la oposición.
Un artículo establece que al menos 10% del presupuesto privado para publicidad se destine a medios comunitarios. Ricaurte también objetó la creación de un consejo de regulación.
«Tendrá una fuerte presencia del Ejecutivo, con lo cual se consagra la censura previa», aseveró a la AFP.
En una consulta popular en mayo de 2011, los ecuatorianos aprobaron la creación del ente. Andino sostuvo que la ley «se ajusta a lo que dice la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», y destacó un inciso que sanciona el «linchamiento mediático», el cual consiste en la «difusión de información concertada y publicada reiterativamente para desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública».
La ley abre igualmente la puerta a la «reversión de frecuencias» que, según Andino, fueron obtenidas por políticos «mediante chantajes a anteriores gobiernos».
Además, dispone que 60% de los contenidos televisivos corresponda a producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que difunden las radioestaciones. También prohíbe los anuncios publicitarios realizados en otros países.
La ley se enmarca en la disputa entre el presidente y un sector de la prensa, al que acusa de manipular la información y de llevar a cabo una campaña de desprestigio y desestabilización en su contra.
El momento álgido de esa pugna fue el juicio que el gobernante le ganó el año pasado al diario El Universo de Guayaquil, en el cual tres directivos y un exeditor de opinión fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.
Sin embargo, Correa extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.
