La existencia de malas condiciones y abusos en diferentes geriátricos del país es un secreto a voces. Por lo general, esta lamentable situación adquiere relevancia sólo cuando ocurren casos extremos. Tal como aconteció, por ejemplo, entre septiembre y octubre de 2012, cuando dos ancianos fallecieron luego de sufrir maltratos en un albergue (Los Ángeles) de Cochabamba.
No obstante, tal parece que la actitud de algunas autoridades respecto a este preocupante asunto comienza a evolucionar. En efecto, en las últimas semanas, a instancias de la viceministra de Defensa del Consumidor, Sonia Brito, se realizaron inspecciones sorpresa a 15 geriátricos de la ciudad de La Paz (aproximadamente el 50% del total).
Como es de suponer, en muchos de estos albergues se pudo constatar que adultos mayores y personas con discapacidad viven en condiciones deplorables, y que incluso son víctimas de maltratos y abusos de parte de los responsables. Por ejemplo, en el asilo Virgen del Socavón, ubicado en Bella Vista, una persona parapléjica de 53 años tenía el cuerpo plagado de llagas por la falta de higiene y de cuidados apropiados. Por otro lado, los colchones de todas las habitaciones estaban podridos por el orín. Naturalmente, este centro fue clausurado.
Lo propio ocurrió con Sol y Paz, en Irpavi, hospicio que albergaba a ancianos con severos cuadros de desnutrición y diversas enfermedades, debido a la falta de alimentos y a la insalubridad que imperaba en el lugar. Incluso una de las ancianas, de 98 años, denunció que no tenía cobijas para protegerse del frío y que nunca había recibido medicamentos para tratar los dolores de huesos que padece.
Otros albergues —los menos— manifestaron mejores condiciones, con habitaciones y ambientes adecuados para el tratamiento y el desenvolvimiento de los pacientes, así como personal especializado y cámaras de seguridad para evitar maltratos (el caso por ejemplo de Años Dorados). Sin embargo, solamente uno, el Asilo San Ramón (en Achumani), cumple con todas las condiciones y requisitos técnicos, financieros y legales exigidos, según comentó Brito en una entrevista a La Razón.
En parte, esta lamentable situación deviene por la falta de una normativa que regule el funcionamiento y las condiciones de los centros de acogida. Esto pese a que en septiembre de 2012, el Defensor del Pueblo entregó a la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca un reglamento para regular la apertura y funcionamiento de los centros geriátricos.
De allí la importancia de aprobar cuanto antes una ley que proteja los derechos de los adultos mayores y les garantice una atención digna, con calidad y calidez humana, en los centros de acogida. Pero también urge realizar un control permanente de los geriátricos en todas las regiones del país, tal y como viene haciendo Brito en la ciudad de La Paz.
