El testimonio que debía dar hoy el húngaro Elöd Tóásó ante un tribunal boliviano sobre su detención en el año 2009 volvió a ser aplazado, esta vez hasta el miércoles, en el juicio que se le sigue por haber sido supuestamente parte de un complot contra el presidente Evo Morales.
El abogado Gary Prado, defensor de otro de los acusados, informó a Efe que los jueces aplazaron la audiencia debido a que dedicaron esta jornada a resolver la citación a otro imputado, Ronald Castedo, que está en recuperación, tras una cirugía cardíaca.
El juicio se celebra en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) y al mismo se han sometido una veintena de personas, aunque los fiscales acusaron en total a 39, pero muchos están fuera del país.
La legislación establece que para que una audiencia se celebre deben estar presentes en la misma todos los acusados que están detenidos, por lo que es necesaria la presencia de Castedo.
Los magistrados citaron a Castedo luego de que una médico forense declarará que no tiene impedimento para presentarse en el juicio, aunque los abogados del imputado argumentaron lo contrario.
Tóásó es uno de los dos sobrevivientes de un operativo policial realizado en Santa Cruz el 16 de abril de 2009, en el que murieron el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi.
Estos tres extranjeros, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, que también sobrevivió al operativo, fueron acusados por el Gobierno de ser parte de una supuesta trama para asesinar a Morales y conformar además una célula terrorista para apoyar la secesión territorial del rico departamento de Santa Cruz.
Los acusados han rechazado las denuncias con el argumento de que todo fue un montaje del Gobierno de Morales para perseguir a los dirigentes políticos autonomistas de Santa Cruz.
Los abogados de Tóasó han afirmado varias veces que su testimonio será revelador y lleno de sorpresas, pero no ha podido concretarse desde principios de este mes debido a las suspensiones consecutivas.
El caso de Tóásó ha suscitado la preocupación del Gobierno húngaro porque la legislación boliviana establece un plazo máximo de tres años para que una persona sea sentenciada, pero este caso se han cumplido ya cuatro años sin sentencia.
