La presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Sandra Soriano, informó ayer que el proyecto de la Ley de Abogacía establece sanciones pecuniarias y la suspensión temporal de dos años, dependiendo de los actos u omisiones de los juristas.
“Hay sanciones desde pecuniarias hasta la suspensión temporal de dos años, en función de los actos u omisiones en las que transgreda el profesional abogado contra esta ley que estamos estableciendo”, explicó a los periodistas.
Precisó que los juristas podrán elegir el control de ética en el que serán juzgados, es decir en tribunales del Ministerio de Justicia o en los tribunales de los colegios departamentales, en el marco del respeto al derecho de la libre asociación.
“(El proyecto de ley) establece que tanto el procedimiento y las sanciones tienen que ser aplicadas para ambos tribunales, tanto para los profesionales que quieran quedarse en el Ministerio de Justicia y para los que se acojan en tribunales del Colegio de Abogados”, acotó.
Soriano aseguró que en la construcción de la nueva Ley de la Abogacía se estableció un consenso con el Ministerio de Justicia, con el Colegio Nacional de Abogados y los colegios departamentales. “De lo que se trata es de equilibrar los derechos de los profesionales abogados y, sobre todo, de velar el interés de la sociedad”, indicó.
