La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó hoy su preocupación por el hecho de que en Bolivia los reclusos vivan en las cárceles con sus hijos menores de edad que, según el Gobierno, son más de dos mil.
El representante de la OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, declaró a los medios en la ciudad sureña de Sucre que una de las características de las cárceles en el país andino «es la presencia de niños, que es un hecho único en el mundo».
«En la región ninguna cárcel tiene niños al interior. No deberíamos tener niños al interior de la cárcel, no es el medio idóneo y eso también en este momento es una reflexión de sociedad qué hacer», afirmó Racicot.
Las declaraciones del funcionario de la ONU ocurren en medio de una polémica por una denuncia del director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sobre el caso de una niña de 12 años que fue violada varias veces por su padre, su tío y un padrino en la cárcel de San Pedro, de La Paz.
En declaraciones a la radio estatal, Llanos precisó que en las cárceles de todo el país viven unos 2.100 niños.
También ratificó su denuncia de la violación a la menor de 12 años en San Pedro y anunció que a partir de julio próximo no se permitirá el ingreso de nuevos reclusos en ese penal, construido para albergar a un máximo de 600 personas, pero en el que actualmente viven 2.300 reos varones y 250 niños y niñas.
Las autoridades bolivianas ya se habían planteado evacuar hace unas semanas los menores del penal ante un brote de meningitis que supuestamente costó la vida a un niño y a un adulto, pero los reos se opusieron a que sus hijos sean trasladados a casas de acogida.
La cárcel de San Pedro funciona además con un sistema de régimen abierto, sin celdas, y donde la mayoría de los internos encuentra como puede un lugar donde vivir, incluso comprando espacios a otros reclusos, según las denuncias conocidas.
Llanos lamentó hoy que la policía no haga el debido control en San Pedro para evitar, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas o de droga para los reos, por lo que insistió en que esa prisión debe ser cerrada.
Entretanto, los reclusos de San Pedro se han declarado «en estado de emergencia» por lo que consideran «difamaciones» por parte de Llanos, a quien pidieron que no generalice y señale puntualmente quiénes son los violadores en la prisión, dijo a medios locales un representante de los reos, Ever Quilche.
La diputada opositora Mirtha Arce denunció que Bolivia incumple 42 documentos firmados con organismos internacionales sobre el tratamiento de reclusos y la protección a menores privados de libertad, según un comunicado de prensa de esa fuerza política.
Arce elaboró un proyecto de ley para fortalecer el sistema penitenciario boliviano que propone la necesidad de tener una infraestructura carcelaria adecuada, la construcción de guarderías colindantes a los penales y la formación adecuada del personal que trabaja en estos recintos.
