La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró este jueves que el embajador de Brasil, Marcel Biato, asumió una «posición política» en el caso del senador Roger Pinto (CN), que se demuestra en una información «errónea» que brindó a su país sobre la situación legal del asambleísta y que habría facilitado la otorgación del asilo que ostenta desde junio de 2012.
«Nosotros hemos dicho que la actuación del señor Biato se ha extralimitado, que ha pasado más allá del ámbito diplomático, que al informar a Brasil de manera errónea sobre lo que sucedía con el señor Pinto ha tomado una posición política antes que diplomática, eso no fue informado adecuadamente», manifestó Dávila.
Asimismo, indicó que el posible cambio del embajador brasileño no solucionará este tema, por lo que apela a que el senador opositor renuncie a su asilo y se someta a la justicia ordinaria por los procesos pendientes que tiene en su contra.
En la oportunidad, la ministra dijo que el Gobierno de Evo Morales no influyó en ningún momento para que se cambie al embajador, puesto que esa es una decisión soberana de cada Estado.
De acuerdo a un reporte del periódico El Deber, Raymundo Santos Rocha Magno, actual embajador de Brasil en Rumania, sería el reemplazante de Biato en legación de La Paz.
La presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Centa Rek (CN), indicó que Biato será trasladado a otro asiento diplomático debido a la «presión» que habría ejercido el Gobierno boliviano en una reunión entre el canciller de Brasil, Antonio Patriota, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, realizada en marzo pasado en Cochabamba.
Según Rek, el Gobierno habría ofrecido a Brasil que si permitía la salida de Biato se buscaría dar una solución a la situación de los 12 hinchas del Corinthians que fueron detenidos por la muerte de Kevin Beltrán, de los cuales siete ya fueron sobreseídos.
Pinto cumplió un año asilado en la legación brasileña el pasado 28 de mayo, donde se encuentra a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país, tras haberse declarado como un perseguido político del Gobierno del presidente Evo Morales, por los 20 procesos penales que enfrenta en la justicia.
El Ejecutivo rechaza otorgarle el permiso y arguye que debe someterse a la justicia.
